Guantánamo, 19 may (ACN) El Tribunal Provincial Popular de Guantánamo dictó este lunes sanciones de siete y seis años de privación de libertad contra dos ciudadanos del municipio de Manuel Tames, hallados culpables de los delitos de hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor, así como también del tráfico de sus carnes.
Estos delitos, previstos y sancionados en los artículos 410.1 y 316.1 respectivamente, del Código Penal y juzgados en la nueva sede judicial, además de enmarcarse en el V Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al Delito, constituyen la causa penal número 20 del presente año.
Se aplicó también la instrucción 273, la cual refuerza el rigor en el enfrentamiento a este tipo de comportamiento.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2025 en el caserío Ciro Frías, municipio de Manuel Tames, tercer territorio con mayor incidencia de este flagelo en la provincia.
El tribunal impuso una sanción conjunta de siete años de privación de libertad a Ángel Caballero de la Cruz, campesino de 57 años de edad.
La pena se desglosa en un año por el delito de hurto y seis años por el sacrificio ilegal del animal, tras valorarse que este reconoció su participación y colaboró con la investigación.
David Derlis Reyes Fuentes, de 24 años y sin vínculo laboral, fue condenado a seis años de prisión, a diferencia de su coacusado, no admitió su culpabilidad, sin embargo, las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas en la vista oral demostraron su responsabilidad en el hecho.
Además, a ambos procesados se les impuso la privación de los derechos públicos y la prohibición de obtener pasaporte y de salir del territorio nacional, y adicionalmente, se estableció la obligación civil de indemnizar al perjudicado.
Según la reconstrucción de los hechos ofrecida por los testigos, el propietario del ganado, Manuel Rodríguez Prevot —un jubilado de 69 años—, detectó la desaparición de un añojo blanco de entre los animales que pastoreaba habitualmente cerca de la vivienda de Ángel.
Al buscarlo en compañía de otro testigo, ambos vieron a David trasladando sacos abultados en la finca de Angel —los cuales parecían contener la carne—, y al propio Angel en actitud vigilante, por lo cual llamaron a las autoridades del orden interior.
Con posterioridad, se detectó en el interior de su propia vivienda el hueco donde enterraron los restos del animal.
Sobre el hecho, la Fiscalía fundamentó su acusación no solo en el daño económico directo a los campesinos, sino también en el impacto de un delito que atenta contra el desarrollo ganadero del país y al imponer estas sanciones ejemplarizantes, el Tribunal Provincila Popular de Guantánamo reafirmó la política de tolerancia cero frente a hechos que lesionan la economía y los medios de subsistencia de los productores del territorio.
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