Es sobradamente conocido que el bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos es el más largo y meticuloso proceso de agresión económica a que haya sido sometida una nación en la historia. Pero esta guerra truculenta y deshumanizada no se ha mantenido estática, con el tiempo las medidas son cada vez más lesivas a la vida y el bienestar de la población.
Año por año durante más de seis décadas, cada nuevo presidente de Estados Unidos ha seguido a pie juntillas lo propuesto por el Subsecretario Asistente para Asuntos Interamericanos, Lester D. Mallory, cuando fijó como estrategia de lucha contra la Revolución cubana: “privar al país de recursos materiales y financieros para generar malestar y lograr la rendición por hambre, sufrimiento y desesperación”.
Tal como se expresa en los documentos del 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba: “El gobierno de Trump aprovechó la pandemia y la crisis económica creada por ella para hacer casi imposible el ingreso de divisas a nuestro país en un momento en que Cuba se desangraba financieramente para enfrentar la enfermedad”.
Precisamente, en esa difícil etapa quedó evidenciado en toda su crudeza el carácter inhumano del bloqueo, cuando se produjo la avería de la principal planta productora de oxígeno medicinal en el pico de casos de COVID-19 en la Isla.
Dos compañías estadounidenses intentaron suministrar este recurso al país y fue imposible ante la exigencia de licencias específicas por parte del gobierno de EE.UU., aun en tiempos de la terrible epidemia.
Igualmente se hizo explícita en el cónclave partidista la condena a una de las acciones más significativas, por su grado de crueldad y por lo inadmisible de cara al Derecho Internacional: el empeño de Washington, desde abril de 2019, de privar a Cuba de los suministros de combustibles y propiciar con ello las consiguientes afectaciones a la generación eléctrica que hoy padece la población.
Como parte de la negativa progresión del cerco imperial, numerosas familias cubanas sufren la cancelación de los servicios consulares en La Habana y su ubicación en terceros países; el impedimento de transacciones bancarias y el cierre de las operaciones de la empresa Western Unión, que obstaculiza el normal flujo de las remesas, por citar solo algunos ejemplos.
No obstante, para tratar de desvirtuar el alcance demoledor de la política de la Casa Blanca hacia la mayor de las Antillas, se ha tratado de hacer ver que las sanciones impuestas son un embargo; pero tal como prueban declaraciones de no pocos analistas, su aplicación corresponde a medidas propias de condiciones de guerra, contempladas en el propio marco legal de la nación agresora.
Al respecto la Dra. C. Magda Luisa Arias Rivera precisó con celeridad: “No se trata de un embargo, como algunos refieren y se dice en inglés, porque no es una orden judicial emitida para asegurar mediante la retención de bienes el cumplimiento de una obligación contraída legítimamente. En realidad es un bloqueo, un acto de guerra, adoptado en el marco de la Ley de Comercio con el enemigo de 1917”.
Según la propia investigadora: “La aplicación de esta antiquísima ley no se justifica en tiempo de paz, especialmente de manera sostenida y prolongada. Cuba nunca ha sido deudora de aquel país, no ha cometido algún delito contra esa nación, ni representa un peligro para su seguridad nacional. Sin embargo, es el único país para el cual está hoy vigente esta legislación”.
Las consecuencias del escalamiento de la persistente guerra económica de EE.UU. se hacen palpables hoy en la falta de alimentos y medicamentos, en el deteriorado servicio del transporte público, en la persistente inflación y, sobre todo, en el apagón de cada día que martilla con fuerza sobre la existencia de cada familia.
Como reconocimiento a la heroica resistencia del pueblo cubano y su voluntad de salir adelante, antes que concluya este octubre una vez más la condena aplastante al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos de seguro hará retumbar la Asamblea General de la Naciones Unidas. De eso estamos seguros.