La Habana, 23 abr (ACN) Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer ministro de la República, aseguró que la implementación del Programa Económico y Social del Gobierno 2O26 ha priorizado, en esta etapa, el redimensionamiento del sector presupuestado, hoy con más de 2 600 unidades en el país.
El Decreto 127, que entrará en vigor el próximo 8 de mayo, permite flexibilizar la gestión de este sector, define las bases para su transformación integral y favorece una mayor eficiencia económica y social, señaló Marrero en su perfil en X el martes.
La implementación del #ProgramaDeGobierno ha priorizado en esta etapa el redimensionamiento del sector presupuestado, hoy con más de 2 600 unidades en el país.
— Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) April 22, 2026
El Decreto 127, que entrará en vigor el próximo 8 de mayo, permite flexibilizar la gestión y otorga mayor autonomía. pic.twitter.com/958GNmVhcl
La normativa fue publicada el 8 de abril en la Gaceta Oficial junto a resoluciones complementarias emitidas por los ministerios de Finanzas y Precios, Trabajo y Seguridad Social, y Economía y Planificación, las cuales responden a uno de los objetivos del Programa de Gobierno.
Se trata del referido a implementar el redimensionamiento de la administración central del Estado y perfeccionar el funcionamiento de las unidades presupuestadas.
De acuerdo con Berta Iris Rojas Gatorno, directora de Políticas Financieras del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), es una medida de alto impacto que alcanza a todos los organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales presupuestadas y administraciones locales del Poder Popular, así como a sus estructuras subordinadas y adscritas.
Precisó su alcance en alrededor de dos mil 443 unidades presupuestadas, que agrupan a más del 50% de la fuerza laboral activa en este sector.
La funcionaria explicó a medios locales que, desde la perspectiva del Estado, estas normas persiguen reorganizar la estructura de la administración pública, elevar la eficiencia en los niveles de dirección de la economía y reducir la carga que representa el sostenimiento de gastos administrativos para el presupuesto estatal.
Entre los objetivos centrales se encuentran también la simplificación de cargos no vinculados directamente a la función específica de las entidades, así como el avance hacia una gestión más racional de los recursos humanos, un justo reconocimiento laboral y a una mayor remuneración para este sector.
De acuerdo con la especialista del MFP, a nivel territorial el perfeccionamiento apunta a fortalecer el papel de las unidades presupuestadas en la implementación de las estrategias de desarrollo local.
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