Santa Clara, 29 ene (ACN) Los fiscales villaclareños resaltaron hoy los nuevos derroteros, retos y desafíos para cumplir altas responsabilidades del sistema socialista en favor del pueblo, durante una evaluación a su quehacer en presencia de Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República de Cuba.
La funcionaria evaluó el profundo contenido ético de las diferentes ramas del Derecho y, en especial, de las ciencias penales, poseedoras de fortalezas para contribuir al adecuado funcionamiento del sistema social e influir en el respeto de las normas establecidas.
Yucel Rodríguez Reyes, fiscal jefa del Departamento de Atención a los Derechos Ciudadanos, señaló que durante el año 2025 se atendieron dos mil 834 ciudadanos por diferentes vías; de ellos, dos mil 651 de manera presencial, ciento dos mediante la línea única, 43 a través del buzón, 34 por entrega personal, dos por redes sociales y dos por correo electrónico.
Rodríguez Reyes precisó que la materia penal representó el 42 por ciento (%) del total y que los principales motivos de consulta fueron conocer el estado de tramitación de los procesos, la inconformidad con las sentencias de los tribunales y la medida cautelar de prisión provisional impuesta.
La fiscal Nadia Mercedes Olivera Solís, jefa del Departamento de Protección a las Familias y Asuntos Jurisdiccionales, informó que se realizaron 85 acciones de control en instituciones como el Centro Especializado de Servicios Educacionales Pablo de la Torriente Brau, seis hogares para niños y adolescentes sin cuidado parental, la Escuela de Formación Integral Ernesto Guevara, el Centro de Evaluación, Análisis y Orientación de Menores y el Centro de Protección Social Brenda Aguilera Duarte.
Afirmó que la lucha contra la corrupción continúa requiriendo el perfeccionamiento de métodos y técnicas de prevención y enfrentamiento por su impacto en la destrucción de las bases sociales.
La funcionaria añadió que se contestaron 666 demandas civiles y familiares, se participó en 799 audiencias con asistencia plena, se dictaminaron 130 asuntos de jurisdicción voluntaria y 168 asuntos notariales, todo ello vinculado a la protección de menores de edad y sectores vulnerables en el marco de las normas procesales aprobadas en 2021 y del Código de las Familias.
El informe indicó que el año 2025 mantuvo un alto número de procesos de divorcio, donde resulta imprescindible escuchar a los niños aun cuando la pretensión principal sea la disolución del vínculo matrimonial; además, la Fiscalía ejerce control sobre la legalidad en la atención a menores víctimas de delitos o de otras vulnerabilidades, velando por la actuación de organismos sociales como educación, salud y trabajo.
Javier Jiménez Abelenda, fiscal jefe provincial, explicó que la plantilla general se encuentra cubierta al 74 %, con 252 trabajadores de los 342 aprobados; de ellos, 75 % son mujeres, 47 % militantes políticos, un estudiante contratado de la carrera de Derecho, 14 jóvenes incorporados del servicio militar y 21 jubilados reincorporados, cinco de ellos fiscales.
La lucha contra la corrupción continúa requiriendo el perfeccionamiento de métodos y técnicas de prevención y enfrentamiento, por su impacto en la destrucción de las bases sociales.
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