La Habana, 16 jul (ACN) Especialistas de diversos sectores debatieron hoy en esta capital sobre la implementación de medidas de acogimiento urgente para niños y adolescentes sin cuidado parental, en un ejercicio de construcción colectiva que busca definir las rutas para garantizar la protección integral de la infancia, conforme a lo establecido en el nuevo Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes en Cuba.
En el encuentro, celebrado en la primera casa de acogimiento urgente de La Habana, se analizaron los procedimientos y protocolos necesarios para activar de manera expedita las medidas de protección urgente, un mecanismo que busca restablecer los derechos de los menores en situaciones de vulnerabilidad.
Lisy Jorge Méndez, representante de la Oficina en Cuba del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), explicó que, tras la entrada en vigor de la Constitución en 2019 y del nuevo Código en enero de este año, el país se encuentra inmerso en un proceso de armonización del modelo de atención.
Este ejercicio es de construcción colectiva, de poner a las instituciones y a los expertos en función de definir las rutas que debemos seguir para la implementación de los acogimientos urgentes, afirmó la representante del Unicef, y destacó la necesidad de actuar rápidamente ante el aumento de contextos familiares complejos.
Nayma Trujillo Barreto, ministra cubana de Educación, calificó el tema como una de las principales prioridades del sistema educativo y de la implementación de las nuevas normativas, en cuanto a la renovación en los conceptos de cómo debe suceder el acogimiento.
Siempre ha existido una política sólida de protección, dijo, pero ahora mismo muchos organismos deben asumir consensos, para fortalecer este pensamiento multidisciplinario.
Desde la perspectiva psicológica, Roxanne Castellanos Cabrera recalcó la complejidad de romper el vínculo parental, incluso cuando este resulta dañino para el menor, y explicó que la decisión de separar a un niño de su hogar conlleva un análisis minucioso y un acompañamiento terapéutico para procesar la ruptura.
No obstante, aclaró que proteger el interés superior del menor no siempre significa preservar el vínculo biológico a toda costa, relatando casos específicos donde fue necesario apoyar la separación para resguardar la vida del infante, mientras en otros se trabaja para fortalecer las competencias familiares.
Andry Camejo Pérez, director Nacional de Defensoría del Ministerio de Justicia, señaló que en este proceso la responsabilidad del departamento abarca desde el acompañamiento en el hogar de acogida urgente hasta el inicio de procesos judiciales, y la articulación con los ministerios de Salud, Trabajo y Educación para trazar rutas particularizadas que restablezcan los derechos vulnerados.
Apuntó que el espacio de debate es esencial en la articulación y el establecimiento de rutas de trabajo entre los actores del sistema integral de protección.
Como sede del primer centro de este tipo en la capital, la subdirectora provincial de Educación, Herminia Domínguez, detalló que en estos espacios los niños permanecerán un mínimo de 30 días, mientras un equipo multidisciplinario evalúa su situación integral para diseñar un plan de intervención que les permita, en el menor tiempo posible, integrarse a una familia solidaria o de acogida.
En ese sentido, los participantes reconocieron que el debate generó más preguntas que certezas, reflejo de la solidez con la que se pretende cimentar cada decisión, en un encuentro que fue calificado como fundacional para la nueva etapa de protección infantil en la provincia.
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