Una investigación acerca del empoderamiento económico femenino en el sector no estatal, expuesta por la directora del Centro de Estudios de la Mujer de la FMC ante la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de los Derechos del Parlamento, echa nuevas luces sobre alarmantes vulneraciones de muchos dueños de negocios en el régimen de empleo de las trabajadoras.
Las acciones detalladas evidencian la práctica actual por parte empleadores privados de violaciones administrativas contra las mujeres, que a la luz de nuestras leyes son un delito cometido bajo la más absoluta ausencia de protección social.
Según referencias contenidas en el informe, “persisten prácticas laborales que violentan los derechos de las trabajadoras, particularmente en lo relacionado con la licencia de maternidad, la igualdad salarial y las condiciones de contratación”.
Durante la presentación se mencionaron también ejemplos concretos de anuncios laborales que exigen “determinadas características físicas o nivel educacional injustificado; así como promociones en establecimientos que utilizan el cuerpo de la mujer como reclamo comercial”.
La certera opinión de una diputada subrayó la urgencia de actuar sobre esta realidad: “Hay un nivel de aceptación alarmante. Les hacen creer que un salario alto compensa la falta de derechos laborales”.
Otro criterio esclarecedor reveló que “en nuestras comunidades nos encontramos constantemente con mujeres vulnerables que, a pesar de reconocer situaciones de explotación, no denuncian por temor o necesidad económica”.
La diputada Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas, al intervenir en el análisis suscitado por el informe del Centro de Estudios de la Mujer dejó claro con pleno conocimiento de causa que “un acto discriminatorio no es simplemente una contravención, es una violación constitucional”.
Además, la abogada recordó que el marco legal cubano contempla herramientas para enfrentar estas situaciones.
La investigación deja claro que el empoderamiento económico femenino no puede medirse solo por la participación en el mercado laboral, sino también por la calidad y las condiciones de esa participación.
Los resultados presentados –sentencia el informe-- son una base sólida para diseñar políticas públicas más efectivas y mecanismos de control que garanticen los derechos de todas las trabajadoras, sin importar el sector en el que se desempeñen.
Ante la sólida denuncia elevada ahora al Parlamento, cabe reflexionar: No es la primera vez que se trata este delicado tema en el marco oficial, aun cuando la existencia de estas inescrupulosas conductas practicadas por dueños de negocios privados es tan vieja como la existencia misma de este sector laboral.
Agréguese, que en reiteradas ocasiones los medios de prensa han denunciado tales transgresiones, que a pesar de no constituir una regla están bastante generalizadas, sin que haya registro de medidas ejemplarizantes tomadas contra quienes las cometen.
La idea que resumió los debates en torno al informe del Centro de Estudios de la Mujer ha de ser la guía de cuanta acción se acometa para hacer cumplir la ley: “Mientras más crece el sector no estatal, más urgente se hace garantizar los derechos laborales de quienes en él trabajan. Estos problemas no son exclusivos de un territorio específico, sino que se manifiestan en mayor o menor medida en todo el país.”
Es inaceptable toda impunidad.