La Habana, 1 oct (ACN) Óscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, denunció en entrevista a la Agencia Reuters, replicada por el portal Cubadebate, que las medidas coercitivas de Estados Unidos buscan crear una dependencia económica de Cuba mediante amenazas y chantajes a compañías extranjeras.
Pérez-Oliva explicó que el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, agravado por el cerco energético, ha provocado la salida parcial de empresas, principalmente del sector turístico, debido a presiones directas del Departamento de Estado.
Señaló que las órdenes ejecutivas del 29 de enero y del 1 de mayo establecieron ese cerco energético que impuso, de facto, un bloqueo naval sobre Cuba en materia de combustible, lo cual generó incertidumbre entre navieras y proveedores tradicionales.
El vice primer ministro denunció que la administración estadounidense autorizó de manera restrictiva a algunas compañías norteamericanas a vender combustible en condiciones costosas e ineficientes, lo que encarece la economía cubana.
Sobre el turismo, afirmó que cadenas como Meliá e Iberostar se retiraron por amenazas directas, aunque aclaró que no existe una estampida de inversionistas extranjeros y que Cuba mantiene interés de negocios con compañías de diversas regiones.
En el ámbito marítimo, indicó que navieras internacionales han limitado el transporte de cargas hacia Cuba, lo que ocasionó atrasos en la llegada de alimentos y medicamentos, con afectaciones a pacientes de hemodiálisis y a la producción de suero.
Respecto al sector minero, precisó que empresas como Sherritt y Antilles Gold continúan en el país, aunque algunas de sus operaciones fueron sancionadas, lo que genera preocupación entre socios tradicionales.
Pérez-Oliva reiteró que Cuba no volverá a ser colonia de ningún país y subrayó que la política estadounidense pretende forzar una dependencia económica irregular, mientras la Isla mantiene su atractivo para inversionistas extranjeros.
Añadió que la actualización de la política inmobiliaria, con derechos de superficie extendidos hasta 99 años y nuevas regulaciones urbanísticas, abre oportunidades para proyectos en zonas como Miramar y La Habana Vieja.
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