Vivimos días decisivos para Cuba, el Presidente Miguel Díaz-Canel lo deja confirmado con brillantez en una sentencia premonitoria: "La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del Gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella.
"Se requiere una agenda económica profunda y ágil, ejecutable en corto plazo, que combine estabilización macroeconómica, incentivos para estimular y promover una apertura productiva, seguridad jurídica, atracción de inversión, uso intensivo de tecnología y una protección social focalizada y efectiva".
La envergadura y complejidad de las decisiones detalladas por Díaz-Canel en el pleno partidista y aprobadas por el Parlamento requieren, como premisa esencial para evitar confusiones desafortunadas, de la información oportuna y el constante análisis clarificador en esta nueva etapa de la vida económica de la nación.
Algunos se preguntan -sin estar animados por la mala intención- si con las audaces propuestas aprobadas por la Asamblea Nacional llegará el fin del socialismo en Cuba, si la igualdad social alcanzada con la Revolución y los derechos que hoy disfrutamos todos los cubanos, sin distingo, serán "barridos" por una mayor presencia de la propiedad privada y la preeminencia de las reglas del mercado.
Igualmente, hay quienes valoran que se ha ido demasiado lejos en la aplicación de fórmulas "propias del sistema capitalista" y en tal sentido consideran que la mayor extensión de la empresa privada y el capital extranjero sobre áreas económicas fundamentales puede abrir puertas a la explotación sin control del hombre por el hombre, desterrada en la nación desde 1959.
Del otro lado están los que galopan a lomo de la mala intención y tratan de aprovecharse del supuesto "riesgo" de las medidas para armar el andamiaje de la desconfianza, fortalecer la duda y restar apoyo a las decisiones del gobierno en la batalla por salir de la crisis.
Hay quienes también desde las posiciones del saber y el análisis juicioso manifiestan preocupaciones y emiten sus valoraciones críticas. Estos deben ser tenidos en cuenta en el debate inevitable, y sobre todo necesario, que suscitará la instrumentación de determinaciones de tal radicalidad y alcance en un país en que las condiciones mínimas de sobrevivencia están en vilo.
Rectificar y corregir han de ser verbos de compañía de este audaz y valiente reordenamiento.
En su esclarecedor discurso ante el pleno extraordinario del Comité Central el máximo dirigente político cubano expresó a su vez: "Las transformaciones que estamos presentando son para avanzar en la defensa del socialismo, para apoyar y ampliar la justicia social, para crear riqueza económica y distribuirla con equidad. Si no hay riqueza no hay nada que distribuir, estaríamos hablando de una justicia social en abstracto".
A partir de este enfoque, cabe revisar también, sobre todo por los que ven con mayor escepticismo y temor las reformas, el contenido de la Constitución de la República, en particular los referidos esenciales expuestos en el artículo 22 de sus fundamentos económicos donde se expresa:
"Se reconocen como formas de propiedad las siguientes: socialista de todo el pueblo, en la que el Estado actúa en representación y beneficio de aquel como propietario; cooperativa: sustentada en el trabajo colectivo de sus socios propietarios y en el ejercicio efectivo de los principios del cooperativismo; (...); privada: la que se ejerce sobre determinados medios de producción por personas naturales y jurídicas cubanas o extranjeras, con un papel complementario en la economía; mixta: la formada por la combinación de dos o más formas de propiedad...".
La propia Carta Magna detalla que "todas las formas de propiedad sobre los medios de producción interactúan en similares condiciones; el Estado regula y controla el modo en que contribuyen al desarrollo económico y social".
Del mismo modo, la Constitución refrenda que el Estado tiene como uno de sus fines esenciales: "promover un desarrollo sostenible que asegure la prosperidad individual y colectiva y la obtención de mayores niveles de equidad y justicia social, así como preservar y multiplicar los logros alcanzados por la Revolución".
La reforma que hoy se aplica busca la materialización de este postulado de la Ley de Leyes de la nación, no lo contradice.
Más allá de cualquier análisis en este momento crucial, la postura de los cubanos que quieren el bien de su Patria y la apertura de un camino cierto y seguro para salir de la crisis que abate la nación, es el respaldo a este reacomodo radical del modelo económico cubano, que entraña riesgos, pero lleva consigo la voluntad resuelta del Estado Socialista de construir el país de bienestar que tanto se añora.
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