La Habana, 22 sep (ACN) Con la participación de Marbelis Vera Hernández, secretaria general del Buró provincial del Sindicato de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica en Mayabeque, comenzó en la División Territorial de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) el cronograma de análisis del anteproyecto del nuevo Código de Trabajo.
En el intercambio se abordaron las principales modificaciones que introduce el texto legal, entre ellas el reconocimiento de nuevas formas de propiedad y gestión, en correspondencia con los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, precisó Radio Mayabeque.
El documento propone que el trabajo remunerado constituya la fuente principal de ingresos para garantizar condiciones de vida dignas, elevar el bienestar material y espiritual, y facilitar la realización de proyectos individuales, colectivos y sociales.
La propuesta legislativa actualiza las normas que rigen la relación jurídico-laboral entre trabajadores y empleadores, sin distinción del sector en que se desempeñen, y busca adecuarse a la Constitución de 2019 y a las transformaciones del modelo económico cubano.
En proceso de consulta popular desde el 8 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2025, el anteproyecto contempla una reforma integral de la legislación vigente desde 2013, con el objetivo de consolidar un marco legal moderno e inclusivo, alineado con los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo.
El texto está estructurado en cuatro libros, 20 títulos, 69 capítulos y 525 artículos, y recoge 33 políticas fundamentales aplicables a todas las modalidades de empleo, incluidas las micro, pequeñas y medianas empresas, las cooperativas y el trabajo por cuenta propia.
Entre sus novedades figuran el reconocimiento del trabajador autónomo con derechos laborales y de seguridad social, la regulación del teletrabajo y el derecho a la desconexión digital, la fijación de la edad mínima laboral en 18 años con excepciones controladas, y la protección frente al acoso y la discriminación.
Se prevé que más de dos millones de trabajadores participen en el proceso de debate, cuyas propuestas serán consideradas en la redacción final que se presentará a la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2026.
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