La Habana, 24 nov (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, destacó hoy que su país no está solo en su reclamo por el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto hace más de seis décadas por Estados Unidos.
En X, el canciller rememoró que hace 33 años se aprobó por primera vez la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU), que llama a poner fin a la política hostil de Washington.
Hace 33 años fue aprobada por primera vez la resolución de la Asamblea General de la @ONU_es, que llama a poner fin al bloqueo de EEUU contra #Cuba.
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) November 24, 2025
Desde aquella fecha, el gobierno estadounidense, irrespetando y desconociendo la voluntad de la abrumadora mayoría de la comunidad… pic.twitter.com/tt0XIf2nDc
"Desde aquella fecha, el gobierno estadounidense, irrespetando y desconociendo la voluntad de la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, permanece aislado en su caprichosa voluntad de mantener la asfixia y la guerra económica contra el pueblo cubano", señaló.
Asimismo, en su mensaje Rodríguez Parrilla subrayó que el país norteño ha intensificado sus medidas coercitivas unilaterales con un marcado carácter extraterritorial.
Este año, a pesar de una campaña de presiones por parte del Gobierno de Estados Unidos, Cuba recibió en la AGNU el apoyo de la mayoría de los países, por trigésimo tercera ocasión consecutiva, en su lucha por el fin del bloqueo.
Con 165 países a favor, 12 abstenciones y siete en contra, la comunidad internacional aprobó el proyecto de Resolución de la isla, donde se precisa que entre marzo de 2024 y febrero de 2025, los daños ocasionados por el bloqueo superaron los siete mil 500 millones de dólares (USD).
Tras una visita a Cuba para constatar el impacto de esta política estadounidense, la relatora especial del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Alena Douhan, aseguró que las acciones coercitivas inciden en todas las esferas de la vida nacional y perjudican directamente a sus habitantes, especialmente a los grupos más vulnerables.
“Tales medidas limitan la capacidad del Estado para desarrollar política públicas, atentan contra los derechos a la alimentación, a una vida digna, obstaculizan los intercambios académicos, afectan el suministro energético, el suministro de agua potable, medicamentos y violan el derecho a la vida en general”, apuntó Douhan en declaraciones a la prensa.