La Habana, 24 nov (ACN) El Ministerio del Interior (Minint) desarrolla una investigación contra Humberto Julio Mora Caballero, ciudadano natural de Camagüey y residente en Miami, señalado como organizador de una red dedicada al tráfico ilegal de divisas y retención de remesas familiares destinadas a Cuba, precisaron el diario Granma y la televisión cubana.
De acuerdo con el teniente coronel Yisnel Rivero Crespo, jefe del Departamento de Delitos Económicos del Órgano de Instrucción del Minint, entre febrero y septiembre de 2025 la red operó más de mil millones de pesos en moneda nacional y unos 250 mil dólares estadounidenses, bajo un esquema de compensación financiera internacional.
La operatoria consistió en recaudar dólares en Estados Unidos y entregar en Cuba moneda nacional, según la tasa ilegal difundida por el sitio contrarrevolucionario digital, El Toque. Con esos fondos Mora Caballero financió compras mayoristas para mipymes cubanas, que debían retribuirle en efectivo con las ventas minoristas.
Rivero Crespo explicó que el financista obtenía ganancias por dos vías: cobraba un porcentaje de entre 8 y 12 por ciento a los familiares en EE. UU. por la distribución de remesas, y exigía igual margen a las mipymes por la importación de mercancías.
En julio pasado se ejecutó una acción de enfrentamiento contra una primera red organizada por Mora Caballero, que permitió ocupar bienes y efectivo, y procesar judicialmente a sus integrantes. Sin embargo, el líder recomponía la estructura con solvencia millonaria y continuaba operando.
El esquema afecta directamente la economía cubana al impedir la entrada legal de dólares por concepto de remesas, debilitar la solvencia del sistema bancario y estimular la evasión fiscal mediante el uso de efectivo fuera de los canales electrónicos.
Rivero Crespo señaló que el financista carece de licencias en Estados Unidos para realizar intermediación financiera, y utiliza cuentas de testaferros para burlar controles. Cuba ha informado a las autoridades norteamericanas sobre estas operaciones sin obtener respuesta.
El enfrentamiento a estas redes constituye parte de la política de tolerancia cero frente a delitos económicos, en defensa de la institucionalidad y la soberanía financiera del país.