El recién aprobado proyecto de ley "De Organización de la Administración Central del Estado" supone un paso en el empeño de superar la dispersión normativa que, durante más de cuatro décadas, rigió el funcionamiento del poder ejecutivo.
La propuesta unifica por primera vez en un solo texto legal un entramado normativo que hasta ahora se encontraba fragmentado en cinco decretos-ley y al menos un acuerdo del Consejo de Ministros.
El Decreto-Ley 67, el más antiguo de esos cuerpos, data del 19 de abril de 1983 y fue modificado parcialmente a través de otros decretos-ley en 1994, 2012, 2014 y 2020.
La preservación de esta normativa, anterior a la Constitución de 2019 y parchada en varias ocasiones, como columna vertebral de la organización ministerial del país constituye una anomalía jurídica que el proyecto aspira a resolver.
Por tanto, la iniciativa no se limita a reagrupar organismos: establece por primera vez un marco general único que regula la creación, las funciones y las relaciones de los organismos de la Administración Central.
Con ello, fortalece el papel de la Asamblea Nacional del Poder Popular como órgano superior del poder del Estado, al dotarla de un instrumento legislativo coherente para el control del ejecutivo.
Detalla el proyecto de ley las funciones específicas de cada ministerio, delimita sus ámbitos de actuación y fija un modelo de veinte carteras, doce de las cuales se conservan de la organización actual.
Tal propuesta plantea transformar los 10 ministerios restantes y cuatro institutos nacionales para formar ocho nuevos ministerios:
1 - Ministerio de Agroalimentación
2 - Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera
3 - Ministerio de Deportes y Recreación
4 - Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación
5 - Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología
6 - Ministerio de Industrias y Construcción
7 - Ministerio de Información y Comunicación Social
8 - Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda
La fusión del Ministerio de la Agricultura con el Ministerio de la Industria Alimentaria y la Pesca da origen a un organismo de perfil vertical integrado, que abarca desde la posesión de la tierra hasta la comercialización de alimentos procesados.
Sin embargo, el proyecto de ley no incorpora las materias reguladas por la Ley 148 "De Soberanía Alimentaria y Seguridad Nutricional", aprobada en 2022, lo que deja fuera del articulado ministerial un aspecto fundamental para el desarrollo del país.
El Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera resulta de la fusión de los actuales Ministerio de Comercio Interior y Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
La integración de ambas carteras busca unificar la política comercial en un solo organismo que abarque tanto el mercado interno como las relaciones comerciales con el exterior.
Así la nueva entidad concentraría las funciones de regulación del comercio mayorista y minorista, la gestión de la inversión extranjera y la promoción de exportaciones.
Esta estructura única elimina la separación que existe entre el comercio interior y el exterior, una división que en la práctica genera zonas grises en la coordinación de políticas.
De aprobarse, ese ministerio asumiría el reto de articular las necesidades del mercado interno con las exigencias de la inserción internacional.
Unifica el Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación las funciones de los extinguidos Ministerio de Economía y Planificación y Ministerio de Finanzas y Precios.
La nueva cartera concentra la rectoría macroeconómica, la elaboración del plan de la economía y la política fiscal y presupuestaria del país.
Se trata de un diseño institucional que devuelve la planificación al organismo que maneja las finanzas públicas y controla la utilización de esos recursos.
La fusión corrige una fragmentación que obligaba a coordinar decisiones de planificación económica con la ejecución presupuestaria desde ministerios separados.
Para este organismo el desafío será equilibrar las funciones de planificación estratégica con la gestión cotidiana de las finanzas y los precios.
El Ministerio de Industrias y la Construcción integra los antiguos Ministerio de Industrias y Ministerio de la Construcción bajo un mando común.
La fusión reúne la política industrial manufacturera con la actividad constructiva, dos sectores que comparten lógicas productivas y requieren una gestión coordinada de recursos.
El nuevo organismo hereda las funciones de dirección y control sobre la industria siderúrgica, ligera, química y electrónica, así como responsabilidades en la ejecución de obras de infraestructura y vivienda.
Queda por ver cómo se articularán internamente dos sectores que, aunque complementarios, poseen dinámicas productivas y plazos de ejecución diferentes.
Como proyecto, el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda surge con la convergencia de tres componentes que operaban por separado: las atribuciones respecto al medio ambiente del Citma, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo.
La ley encarga al organismo de “dirigir y controlar la política estatal en materia de medio ambiente, la gestión integrada y sostenible de las aguas terrestres, el ordenamiento territorial, la gestión urbanística y de vivienda”.
Reúne así, en una sola autoridad ejecutiva, las herramientas para abordar el déficit habitacional desde una lógica de planificación territorial y con criterios de sostenibilidad ambiental.
La incorporación de la gestión hídrica permite conectar la política de vivienda con la disponibilidad de agua y el saneamiento, con impactos potenciales en la protección del medio ambiente, especialmente en zonas urbanas.
Queda por ver, si se aprueba el proyecto de ley, cómo se articularán las actuales estructuras medioambientales del Citma con los actuales institutos.
La creación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología supone la integración de las funciones de ciencia, tecnología e innovación con la esfera de la Educación Superior.
Dicha entidad resultante concentraría la formación universitaria de pregrado y posgrado, la investigación científica y el desarrollo tecnológico bajo una sola dirección.
Se trata de un modelo que alinea la generación de conocimiento con la política de formación de recursos humanos, en consonancia con la gestión de gobierno basada en ciencia e innovación.
Tal propuesta busca eliminar la separación institucional que existe entre el sistema universitario y el sistema de ciencia, tecnología e innovación.
También el cambio responde a la tendencia internacional de vincular las políticas de innovación con los centros de educación superior, donde se concentra buena parte de la actividad investigativa de Cuba.
El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación se eleva al rango superior como Ministerio de Deportes y Recreación, un cambio que trasciende lo nominal.
Reconoce la medida el peso institucional del deporte en la política social cubana y lo sitúa en el mismo nivel orgánico que otras carteras como Educación, Cultura o Salud Pública.
Además, la transformación supone un reto para la gestión, ya que el nuevo estatus exige una estructura organizativa acorde con las funciones de un ministerio.
La recreación, colocada en el propio nombre del organismo, gana visibilidad junto al deporte de alto rendimiento, lo que podría reequilibrar el enfoque de las políticas del giro hacia una mayor extensión de la actividad física masiva.
Aunque la propuesta no modifica sustancialmente las atribuciones de la entidad, las enmarca en un rango que puede facilitar aún más la cooperación intersectorial.
El Instituto de Información y Comunicación Social se transforma en el Ministerio de Información y Comunicación Social, un cambio que formaliza su papel en el diseño de la política comunicativa del Estado.
La nueva condición ministerial le otorga capacidad normativa plena para dirigir y controlar la gestión de la información y la comunicación social en el ámbito público.
Este ascenso institucional refleja la centralidad que ha adquirido la comunicación en la proyección interna y externa del país.
La estructura resultante deberá articular las funciones de prensa, información pública y comunicación social que antes se ejercían desde un organismo de menor nivel y cuya creación data de 2023.
Al igual que en el caso del deporte, si se aprueba el proyecto el desafío principal será traducir el nuevo rango en una gestión más eficaz y coherente con las demandas actuales.
En conclusión, de aprobarse, la nueva ley fortalecerá el papel de la Asamblea Nacional del Poder Popular como órgano superior del poder del Estado y la gestión de la administración central, al dotarla de un instrumento legislativo coherente para ejercer sus responsabilidades. (Rodney Rafael Jiménez Muñoz, ACN)
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