La Habana, 7 jul (ACN) El Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas advirtió hoy en la Asamblea General en Nueva York que las amenazas contra la soberanía de Cuba, incluida la posibilidad de acción militar, plantean graves dudas bajo los principios de la Carta y el derecho internacional.
La delegada de Eritrea, Sophia Tesfamariam Yohannes, en representación de la coalición de una veintena de países, subrayó que esos principios incluyen la igualdad soberana, la no injerencia y la prohibición del uso de la fuerza.
Alertó contra cualquier iniciativa encaminada a fabricar pretextos de intervención en los asuntos internos de Cuba y destacó la responsabilidad de la comunidad internacional y de Naciones Unidas de condenar de modo inequívoco esos actos.
La representante calificó de abusivo e injusto el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra la isla, el cual, afirmó, se ha endurecido con consecuencias humanitarias graves.
Denunció que esa política de cerco, con daños superiores a ocho mil millones de dólares, se agravó con la amenaza sistemática y frecuente del uso de la fuerza contra la nación caribeña.
El Grupo de Amigos se pronunció en favor de la paz para prevenir una agresión militar contra Cuba y reiteró la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial, financiero y energético, considerado por sus efectos como un verdadero bloqueo naval.
La delegada de Eritrea señaló que el cerco de casi siete décadas constituye una de las violaciones más graves y prolongadas del Derecho Internacional y de la Carta de Naciones Unidas.
Afirmó que esas medidas van contra los derechos humanos al representar un castigo colectivo contra la población cubana y condenó las disposiciones adicionales adoptadas por Washington para endurecer el cerco.
El bloque de países reafirmó su solidaridad con el pueblo y Gobierno de Cuba y denunció las acciones que buscan obstruir el suministro de combustible y penalizar las relaciones comerciales legítimas con terceros Estados.
La representante concluyó que esas medidas están destinadas a agravar las condiciones de vida de la población y privar al país de recursos esenciales para la economía y el bienestar social.
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