En momentos en que el Estado cubano aprobó un presupuesto de mil 940 millones de pesos para la importación de alimentos este año, un millón de hectáreas ociosas o deficientemente aprovechadas en Cuba, esperan todavía por manos laboriosas de hombres, mujeres y jóvenes.
Ciego de Ávila, eminentemente agrícola por excelencia, tiene 93 mil 640 hectáreas cubiertas de marabú, aroma y otras malezas, de las 220 mil 452 que estaban improductivas hace siete años en el sector agropecuario.
La diferencia entre ambas cifras está dada por las 126 mil 800 parcelas concedidas para cultivos varios, frutales, tabaco y ganadería a personas naturales y jurídicas, del 2008 a la fecha, según Giraldo Pérez Pérez, director de Control del Tierra en la provincia avileña.
Durante ese período, al seis por ciento del total de los beneficiados (casi cinco mil) se les anularon los contratos por incumplimientos de los deberes, a tenor de lo dispuesto en la legislación vigente; en tanto la mayoría de esas fincas se entregaron a otros interesados en el trabajo agrario.
No se conoce con exactitud cuál es el aporte alimentario de quienes recibieron áreas que estaban inactivas, pues sus cosechas se reportan de conjunto con las bases productivas a las cuales están asociados, donde también hay propietarios de fincas.
Especialistas en este tema consideran que el cambio climático, la escasez de semillas, envases, maquinaria y piezas de repuesto, entre otros inconvenientes, están afectando las producciones del campo.
Pero detrás de la sequía del 2015, de la lluvia fuera de época y del atraso en ocasiones de la llegada del paquete tecnológico con los insumos, hay otros problemas: está lejos la atención y el control que deben ofrecer los sindicatos agropecuario y azucarero a las unidades bajo sus jurisdicciones.
Y en el mismo sentido, es preciso multiplicar las acciones en las cooperativas de producción agropecuaria y de crédito y servicios por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, en instantes en que se fortalecen sus colectivos por el aniversario 55 de la institución el 17 de mayo próximo.
Uno de los abanderados en aprovechar los recursos con racionalidad, es Daniel Aguiar Gómez, de la CCS Reinaldo Manin, del municipio de Majagua, que dispone de 13,4 hectáreas en usufructo, con el ciento por ciento de su área cubierta de viandas, hortalizas y frutales.
Expresa que con más siembras y recolección bajarán los precios, pero antes de eso es necesario eliminar la larga cadena de intermediarios en la comercialización, una plaga humana –opina- presente en la Isla, donde ya las tierras ociosas cuestan millones.
Dice que si tuviera más espacios produciría más, pero no los solicita porque tendría que desasociarse de su CCS; incorporarse a una CPA o UBPC y ambas están muy lejos de su finca.
Otros destacados son Ramón González Quintana y Eider Roca, de la UBPC Jesús Menéndez, de Baraguá, que cogieron tierras inactivas en la zona de San Rafael y entre los dos poseen 53,6 hectáreas de caña de azúcar, además de otros cultivos con los cuales garantizan alimentos para la familia.
A pesar de estos buenos ejemplos, a la central provincia le resta mucho por hacer para poner en explotación las áreas ociosas que le quedan, las cuales, a pesar de la fertilidad que predomina, son las más alejadas de los centros productivos y las mas cubiertas de marabú, por lo que el trabajo para quienes las soliciten será mucho mas engorroso.