Ciego de Ávila, 23 may (ACN) El desarrollo de dos juicios orales en abril último por el delito de Sabotaje, previsto en el Artículo 125 del Código Penal, donde se solicitaron sanciones de hasta 12 años de privación de libertad, responde al enfrentamiento a acciones contra el Sistema Eléctrico Nacional, infraestructura vital para el país.
En consecuencia, se han radicado expedientes de fase preparatoria para investigar la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores, de aditamentos y piezas en parques solares fotovoltaicos y de cablería del sistema de alumbrado eléctrico.
El primero de los juicios estuvo relacionado con la sustracción de más de dos mil litros de aceite dieléctrico, hecho que afectó a las comunidades avileñas de Plan Piña y del Vivero Café, imputados que permanecieron asegurados con la medida cautelar de Prisión Provisional durante toda la fase investigativa.
A estos imputados se les solicitó una sanción de 12 años de privación de libertad y las sanciones accesorias de privación de derechos y prohibición de salida del territorio nacional, quedando concluso para dictar sentencia.
Una vez notificada la sentencia, tanto la Fiscalía como los imputados en caso de estar inconformes con la misma contarán con el término establecido legalmente para interponer los correspondientes recursos.
Mientras que, el segundo proceso penal involucró la sustracción de rollos de cable del alumbrado eléctrico en la vía pública; tres imputados, entre ellos una mujer, fueron detenidos por agentes del orden público mientras cometían el hecho, lo que permitió recuperar los bienes sustraídos.
La Fiscalía, encargada de ejercer la acción pública solicitó sanciones de siete y ocho años de privación de libertad, las que una vez evaluadas las pruebas fueron admitidas e impuestas por el Tribunal correspondiente.
Al sustraerse insumos destinados a la generación de electricidad se provoca un menoscabo de la gestión de las empresas encargadas de prestar este servicio, y directamente pone en descrédito la gestión del Estado.
A consecuencia de la ocurrencia de estos delitos se muestra a las instituciones estatales incapaces de solventar las necesidades básicas de la población, precisamente en circunstancias de crisis económica en la que los recursos para resolver esa y otras necesidades son escasos.
La Fiscalía General de la República, en la ardua batalla que le corresponde librar por mandato constitucional, está inmersa en enfrentar todo acto de corrupción, o ilícito penal, donde se encuentren menoscabados recursos de alta importancia para la realización de nuestras principales batallas económicas.
Hechos deleznables como estos, además de representar una amenaza crítica para la sostenibilidad del sistema eléctrico, golpean directamente el corazón de la seguridad energética de la nación cubana.
En ambos procesos se garantizaron las condiciones del debido proceso, incluida la asistencia letrada desde la fase preparatoria y el derecho de los imputados a exponer sus alegaciones en el acto judicial.
Las medidas implementadas —desde la imposición de medidas privativas de libertad, clasificación de los hechos como sabotajes hasta el comiso de bienes y la coordinación institucional— buscan garantizar que estos delitos no queden impunes.
© 2026 Agencia Cubana de Noticias. Prohibida la reproducción parcial o total de este contenido si no es suscriptor editorial