Matanzas, 8 abr (ACN) Delegados, jurídicos y especialistas de departamentos de diversa índole en el sector de la Agricultura en la cubana provincia de Matanzas debatieron hoy en torno al anteproyecto de Ley de Propiedad, Posesión y Uso de la Tierra, que será sometido a aprobación ante la Asamblea Nacional en diciembre próximo.
Durante la consulta, que contó con presencia de integrantes del grupo temporal del Ministerio de la Agricultura (Minag) para la redacción de la norma, sobresalieron entre las principales preocupaciones el destino de aquellas extensiones de tierra que actualmente se encuentran arrendadas a cooperativas, en un contexto nacional en que se intenta aprovechar al máximo cada pedazo ocioso.
Mileydis A. Moreno Acosta, abogada de bufetes colectivos en el municipio de Colón, se refirió a la posibilidad de concebir dentro del documento legal algún artículo que permita la venta de tierras no solo entre propietarios sino que también pudiera hacerse a usufructuarios con resultados excepcionales.
Además, la letrada propuso permitir la entrega de tierras en usufructo a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) tal y como se hace hoy en día con personas naturales, una valoración que se estudiará como parte de la concepción integral del Anteproyecto, cuya primera etapa de consultas inició en el país el 31 de marzo anterior.
Soraya Sarría Cruz, presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Agrario, explicó que el análisis del anteproyecto, con las consecuentes propuestas de modificación, cambio o añadidura a los distintos niveles, constituye una muestra más de democracia, esta vez en un proceso donde los mismos conformadores de la norma serán luego los encargados de implementarla y también de cumplirla.
El Anteproyecto de Ley de Propiedad, Posesión y Uso de la Tierra permitirá agrupar en un documento rector las más de 40 normas existentes en el sector agropecuario, con base en la Constitución vigente, y entre las novedades más importantes del marco regulatorio, para los propietarios de tierras, destaca la flexibilización de actos para organizar la sucesión y herencia de la tierra y bienes agropecuarios.
Elaborado por un grupo temporal de trabajo con 53 miembros, que desarrollaban la iniciativa desde 2017, su concepción se alinea con programas como la Agenda 2030, la Declaración de la Organización de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos, entre otros estatutos.