Cuba enfrenta hoy las consecuencias del agravamiento de la crisis energética y otras cuestiones derivadas de la nueva escalada imperialista de Washington.
Esta vez no se trata solo del bloqueo convencional basado en la Ley Torricelli o la Helms-Burton, que aún son efectivas y afectan, sino de un rediseño técnico y jurídico que busca asfixiar al país por vías más sofisticadas, más difíciles de impugnar y más dolorosas para el pueblo cubano.
Un marco legal diseñado para la asfixia
El 30 de junio de 2025, la administración Trump reemitió el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional 5 (NSPM-5), el documento que articula toda su política hacia Cuba, el cual no era una novedad, dado que ya existía desde 2017.
Sin embargo, esta versión amplió definiciones y se propuso objetivos sobre las cuales la Casa Blanca construyó dos piezas que cambiaron la naturaleza del cerco impuesto a Cuba.
La primera medida, dictada tras el secuestro de Nicolás Maduro, congeló todos los envíos de petróleo y sus derivados a Cuba desde Venezuela.
Esa fue la Orden Ejecutiva 14380, firmada el 29 de enero de 2026, que declaró una emergencia nacional y autorizó la imposición de aranceles a los países que suministren petróleo y sus derivados a la nación antillana.
Con ella, no solo se impide que entren combustibles de terceros países, también se persigue a los buques tanqueros que se dirigen a puertos cubanos, sin dudas, un cerco energético en su forma más cruda.
La segunda resultó la Orden Ejecutiva 14404, del primero de mayo de 2026 que, bajo el amparo de esa declarada "emergencia nacional", autorizó sanciones contra entidades de terceros países que operen en sectores clave de la economía cubana como energía, defensa, minería, finanzas, seguridad o que brinden "apoyo" al gobierno cubano.
Ese marco, incluye sanciones secundarias contra instituciones financieras extranjeras, o sea, un banco europeo, latinoamericano o asiático puede ser "castigado" por negociar con la nación caribeña, aunque no tenga oficinas en Estados Unidos.
En la extraterritorialidad consiste el corazón de ese diseño, mientras tanto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro mantiene las licencias como la única vía "legítima" para relacionarse con La Habana y todo lo demás queda bajo amenaza.
Bajo el paraguas de la Orden Ejecutiva 14404 se mantienen listas de personas naturales y jurídicas cubanas que funcionan como vehículo anzuelo para sancionar a cualquier entidad extranjera vinculada con ellas.
La presión extraterritorial repercutió de manera directa en el transporte marítimo, en tanto que, en junio, las navieras europeas Hapag-Lloyd y CMA CGM suspendieron sus reservas hacia Cuba.
El resultado derivó en que más de siete mil contenedores con destino a Cuba se hallan estancados en otros puertos del Caribe, y aunque la francesa CMA CGM ya anunció que retomaría la transportación de alimentos, medicinas e insumos sanitarios, quedaron de lado mercancías igualmente esenciales para solventar la situación energética de Cuba, como los sistemas fotovoltaicos.
De acuerdo con ello, el patrón es consecuente: se permite lo que no cuestiona el cerco, se bloquea lo que podría aliviarlo, y se favorecen los intereses de EE.UU. sobre lo que podría resultar beneficioso para el pueblo cubano e incluso para actores de terceros países.
En algunos casos, especialmente en la cuestión energética, el efecto resulta doble: el Centro de Investigaciones del Petróleo (Ceinpet) se encuentra en las listas de Ofac, porque busca reducir la dependencia de insumos importados a partir del petróleo nacional.
De esta manera, se intenta impedir que Cuba encuentre soluciones soberanas a su déficit energético, por un lado, y por otro, se abre una vía reservada para que el sector privado cubano, reciba isotanques de combustibles desde la Unión.
Ese juego sucio de Washington se evidenció el 30 de septiembre último, cuando entraron en vigor nuevas regulaciones que profundizan el bloqueo y reducen los espacios a los distintos actores, incluido el sector privado cubano, beneficiado con un "trato especial", o sea, menos restricciones durante el mandato de Joe Biden.
Entre las medidas más dañinas se encuentran:
- Se eliminó la autorización para viajes educativos "pueblo a pueblo" en grupo y para reuniones profesionales o conferencias en Cuba. Los viajes educativos ahora deben estar auspiciados por una organización sujeta a jurisdicción estadounidense y todos los viajeros deben ser acompañados por un representante del patrocinador.
- Se eliminaron las transacciones bancarias "U-Turn", que permitían a bancos bajo jurisdicción estadounidense procesar operaciones que solo tocaban Cuba de forma indirecta.
- Se prohibieron las transacciones financieras directas e indirectas con entidades de la Lista Restringida de Cuba (CRL) emitida por el Departamento de Estado, que incluye a Gaesa y múltiples entidades vinculadas a las fuerzas armadas y otras instituciones cubanas.
- Se prohibió a bancos estadounidense mantener cuentas de emprendedores privados cubanos, y las que estaban activas fueron congeladas.
Las vías "legítimas" para hacer negocios con Cuba, según la perspectiva marcadamente imperialista, continúan siendo las licencias emitidas por sus autoridades.
El impacto en la vida cotidiana
Esas políticas antes mencionadas golpean a diario a las familias cubanas, sobre todo aquellas con enfermos en casa y enfrentan innumerables obstáculos para transportarlo.
A los miles de cubanos que deben sortear enormes dificultades cada mañana para llegar a sus centros de trabajo, estudiar y particularmente a quienes trabajan con el estrés que genera en un hospital la inestabilidad del suministro eléctrico.
La restricción energética y la escasez de recursos provocados por el bloqueo han impactado gravemente la capacidad operativa del sistema sanitario cubano.
Uno de los datos más ilustrativos es que la lista de espera quirúrgica llegó a alcanzar la cifra de 100 mil pacientes, de los cuales 12 mil son infantes, más de 16 mil requieren radioterapia y dos mil 888 dependen de hemodiálisis, servicios que necesitan electricidad constante.
No hay un estado de guerra convencional entre Estados Unidos y Cuba, sin embargo, el cerco energético y las medidas de intensificación extrema del bloqueo constituyen una grave violación del Derecho Internacional, de los Derechos Humanos e incluso califican como una violación del Derecho Internacional Humanitario.
La comunidad internacional no se queda callada mientras Cuba denuncia el cerco energético como un "castigo colectivo" ante las Naciones Unidas y el 7 de julio de 2026, la Asamblea General aprobó con 136 votos a favor, 9 en contra y 30 abstenciones la celebración de un debate adicional sobre el bloqueo.
En el corriente octubre, la nación caribeña presentará a votación en la Asamblea General su informe "Necesidad de poner fin al bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba", como cada año.
Dicho documento muestra el reconocimiento de la comunidad internacional a las consecuencias humanitarias de esta política y la condena mayoritaria a un cerco que en la actualidad alcanza límites inéditos.
Así, mientras Washington profundiza su guerra económica, el mundo vota contra ella y esa contradicción es, quizás, la imagen más elocuente de lo que está en juego.
Igualmente hay un detalle que revela la verdadera naturaleza de este engendro y lo demuestra el memorándum que articula las acciones de la Administración Trump y contra contra Cuba, el propio NSPM-5.
Ese documento, ordena explícitamente al Secretario de Estado y al Representante de Estados Unidos ante las Naciones Unidas oponerse a cualquier esfuerzo internacional por levantar el cerco hasta que exista en Cuba un "gobierno de transición", según los criterios de las Leyes Helms-Burton y Torricelli.
Es decir, Washington no solo rechaza la condena mayoritaria de la comunidad internacional: la combate diplomáticamente y condiciona cualquier cambio de política a un cambio de régimen en La Habana de acuerdo com sus propios intereses, un injerencismo disfrazado con el eufemismo de "transición".
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