¿Se puede intentar hacer legal y conseguirlo la intervención y ocupación militar de una nación a punto de lograr su independencia, y en contra de la voluntad de su pueblo, luego de invadirla a cañonazo limpio? Al menos desde los puntos de vista moral y jurídico, no. Ni antes, ni hoy.
Pues hay una verdad de Perogrullo a no olvidar jamás: eso fue lo que hizo por sus bemoles el naciente imperialismo de Norteamérica al dar luz verde a la Enmienda Platt el 2 de marzo de 1901, días más tarde de la aprobación por el Congreso de Estados Unidos de un apéndice al Proyecto de Ley sobre Gastos de su ejército, conocido casi enseguida como el apelativo mentado antes.
La firma definitoria estuvo a cargo del presidente William McKinley, quien la sancionó un día después de la Cámara, haciendo alardes de un mecanismo jurídico que no le correspondía aplicar, ni daba lugar.
Porque la ley del país interventor se arrogaba el derecho de mantener sus tropas en territorio cubano, el cual usurpaba desde principios de 1898, si el futuro gobierno de la Isla no aceptaba el documento impuesto por la potencia.
O se aceptaba su implantación como apéndice de la Constitución cubana que regiría el destino de la República a consagrar el año siguiente, o esta última no existiría, y se impediría el logro del único sueño posible por entonces, reclamado por la Asamblea Constituyente en cuyos preceptos y bases lograron trabajar, algunos padres fundadores.
En el Artículo I, la Enmienda prohibía al gobierno de Cuba la concertación de tratados o convenios con gobiernos extranjeros, algo que ultrajaba la independencia cubana, al tiempo que también tendrían derecho a arrendar partes de su territorio para establecer bases carboneras, entre las cuales figuró más adelante la Base Naval de Guantánamo, ocupada todavía por Estados Unidos en contra de la voluntad del pueblo y gobierno cubanos.
El Artículo III, considerado la médula de la Enmienda Platt, concedía a EE.UU. el derecho de intervenir militarmente en caso de que peligraran, a su juicio, la vida, la propiedad o las libertades individuales.
Se justificaban en el Artículo IV todos los actos realizados por el gobierno militar norteamericano, y en el VIII se disponía que los artículos anteriores debían ser incluidos en un tratado permanente entre Cuba y Estados Unidos.
El pueblo cubano no se conformó y se manifestó enardecido ante la decisión de Washington; a pesar de que entonces las habitantes de la Antilla Mayor sufrían en su mayoría penurias terribles originadas por el curso de la Guerra Necesaria, las políticas económicas desacertadas antes empleadas por España y la Reconcentración ordenada por Valeriano Weyler años atrás. El panorama social era sombrío y el patriotismo a su vez alcanzó ribetes de heroísmo.
Nadie creía justo que el hegemonismo de los ocupantes borrara de un plumazo lo que merecían y fuera ganado por el sacrificio de los combatientes del Ejército Libertador, humillado por los interventores.
Solo por la fuerza de una potencia en pleno esplendor económico, militar y en expansión territorial llevó la causa criolla a perder lo casi ganado.
Así comenzó a regir en Cuba, con la añadida aprobación del Comité de Asuntos Cubanos del Senado estadounidense, el texto colocado oficialmente dentro de su legislación, sin derecho alguno a cambiarlo. Fue elaborado por el senador Orville H. Platt, quien le dio nombre.
Los mambises Manuel Sanguily y Salvador Cisneros Betancourt, y el destacado periodista y revolucionario Juan Gualberto Gómez, hombre de confianza de José Martí durante los preparativos de la Guerra Necesaria en la Patria, estuvieron entre los que no se resignaban a la imposición.
Una representación de los asambleístas viajó a La Unión para expresar el desacuerdo resuelto de los genuinos patriotas. Pero fue en vano.
La Enmienda Platt fue abolida o eliminada en 1934, en parte por las consecuencias de la organización de un fuerte movimiento popular que derribó un año antes a la sangrienta dictadura del entreguista dictador Gerardo Machado. Y también porque ya la potencia tenía bien estructurada y organizada la política de robo y control de la economía cubana.