La Habana, 18 sep (ACN) Mayabeque figura entre las provincias cubanas con mayor incidencia en la sustracción de aceite dieléctrico de transformadores, un delito que afecta la estabilidad del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), la población y sectores estratégicos de la economía.
De acuerdo con informaciones divulgadas por autoridades competentes, el país registra en el período más de 300 denuncias relacionadas con estos hechos, que también presentan elevada incidencia en Matanzas, Ciego de Ávila, Santiago de Cuba y Artemisa, publica en su sitio web Radio Mayabeque..
La nota subraya que las acciones vandálicas contra infraestructuras eléctricas constituyen una grave amenaza para el funcionamiento del SEN.
Entre las modalidades más frecuentes sobresalen la sustracción de aceite dieléctrico de diversos tipos de transformadores, el robo de angulares en torres de alta tensión, así como el corte y hurto de cables, alambres y tornillos pertenecientes a las redes de distribución eléctrica, al tiempo que también se han reportado afectaciones en parques solares fotovoltaicos.
El Código Penal cubano establece severas sanciones para el delito de sabotaje; los artículos 125 y 126 contemplan penas que oscilan entre siete y 30 años de privación de libertad, la privación perpetua de libertad o la pena de muerte, en correspondencia con la gravedad de los hechos.
Asimismo, desde mayo de 2025, un acuerdo del Tribunal Supremo Popular dispone que constituyen delito de sabotaje las acciones dirigidas a sustraer, dañar, alterar o perjudicar entidades, componentes, partes y piezas destinadas al sistema electroenergético, así como otros actos que afecten infraestructuras críticas para el desarrollo económico y social del país.
Como resultado del enfrentamiento a estos delitos, entre 2025 y el primer semestre de 2026 se iniciaron más de 460 investigaciones penales por hechos vinculados al SEN, principalmente por sabotaje, daños, robo con fuerza en las cosas, hurto y receptación.
Las afectaciones derivadas de estos delitos impactan a miles de familias al interrumpir el servicio eléctrico durante períodos prolongados, además de provocar la paralización de centros productivos, daños a entidades agropecuarias y dificultades para recuperar parte de los transformadores afectados.
También alertan las autoridades sobre el elevado riesgo que implican estas acciones para quienes las ejecutan, pues en algunos casos los autores han perdido la vida al intentar sustraer componentes de instalaciones energizadas.
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