En Villa Clara, Camila, de 10 años de edad, guardaba un secreto que ningún niño debería cargar. Valeria, de 16, un día sintió que el único camino era el vacío. Dos historias, dos formas del dolor extremo, un mismo lugar donde ambas encontraron la posibilidad de reescribir sus vidas: el servicio de salud mental del hospital pediátrico José Luis Miranda.
Detrás de cada cifra —132 peritajes y 364 ingresos en 2025— hay vidas que el equipo multidisciplinario aprende a reconstruir desde el primer minuto de la crisis emocional.
El objeto social del servicio ―como explicó a la Agencia Cubana de Noticias la doctora Addys Pérez Fernández, jefa de esta prestación en la provincia― comprende la hospitalización de niños y adolescentes hasta los 18 años, 11 meses y 29 días para la atención a urgencias psiquiátricas.
“Una urgencia psiquiátrica es aquella alteración en las sensaciones, percepciones o comportamientos que lleva a manifestaciones psicopatológicas con riesgo inminente para la vida del paciente o de terceros”, precisó.
La niña que aprendió a nombrar el dolor
Camila tenía 10 años cuando el mundo se le vino encima. En un pequeño barrio del municipio de Camajuaní, donde todos se conocen y las puertas solían estar abiertas, su confianza y su cuerpo fueron violados por alguien del entorno.
Después del abuso, la niña dejó de ser la que reía en la escuela. Su mirada se tornó perdida, sus palabras se escondieron en un silencio inusual que llamó la atención de la maestra. El diagnóstico fue certero: trastorno de estrés postraumático.
Pérez Fernández recuerda el caso con la precisión de quien sabe que la justicia también se ejerce desde el consultorio. “La niña fue víctima de abuso sexual en su comunidad. Desarrolló sintomatología asociada al trauma infantil y requirió ingreso. Además, este hecho tuvo una implicación médico-legal importante”, explicó.
El equipo participó como perito en el proceso judicial para evitar que la pequeña tuviera que revivir el horror frente a un tribunal. “Nuestra especialidad tiene un vínculo fuerte con la justicia. Actuamos para validar el testimonio sin exponer al menor a una revictimización”, añadió.
Camila, que presenta una discapacidad intelectual de base que la hacía aun más vulnerable a la manipulación, fue rehabilitada psíquica y psicológicamente. Hoy, con 11 años, asiste a la enseñanza especial. Sus terapeutas dicen que ha vuelto a dibujar, que sus acuarelas han recuperado los colores.
“Continúa seguimiento por su área de salud”, confirmó la doctora Aimé Fornier Orizondo, especialista de segundo grado en psiquiatría infantil y perito médico legal, quien insiste en que la cicatriz, aunque cerrada, requiere cuidados.
En 2025, el departamento de peritaje atendió 132 casos como el de ella. Cada uno, una historia de violencia que los especialistas aprenden a transformar en posibilidad de reparación.
Valeria y el acto de precipitarse
Valeria tenía 16 años y cargaba un peso mayor que el suyo. Una mañana, en medio de una discusión frente a profesores y familiares que reavivó viejas heridas, tomó una decisión que estremeció a su comunidad en Santa Clara: se lanzó desde la altura de un cuarto piso.
“El móvil fue un conflicto religioso y familiar importante que la llevó a un intento de suicidio por precipitación”, narró Pérez Fernández con la voz pausada de quien ha acompañado cientos de crisis.
Con el cuerpo golpeado y la mente en un territorio incierto, la adolescente llegó al hospital en coma. Pasó por terapia, donde intensivistas y ortopédicos lucharon por su vida. “Lo primero ante un intento suicida es salvaguardar la integridad física, pues constituye una urgencia pediátrica”, explicó la especialista.
Después, cuando el peligro médico cesó, comenzó otra batalla: la intervención en crisis.
“Identificar qué factores de riesgo llevaron a esa conducta, minimizarlos y reinsertar la paciente a la comunidad lo más rápido posible deviene protocolo a seguir”, sintetizó Fornier Orizondo. Fue atendida de conjunto por psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales. Las sesiones de psicoterapia fueron desenredando la madeja de su historia familiar.
Por su parte, Valeria, cuando ya se encontraba más segura, confesó, según consta en los anales del servicio que con los especialistas se sentía más tranquila y cómoda para ventilar sus problemas, porque ellos ofrecen una visión profesional que también ayudó a su familia a entenderla.
Hoy, a sus 17 años, se prepara para los exámenes de ingreso a la Educación Superior. El servicio le da seguimiento por programa de conducta suicida con una duración mínima de un año. La adolescente que un día quiso encontrar soluciones en el vacío ahora sueña con volar hacia un futuro de nuevas metas.
Fornier Erizondo destacó el enfoque integral que hace posible la recuperación de tantos otros. “Trabajamos vinculados con diferentes organismos: Educación, el Consejo de Atención a Menores, Fiscalía... El centro del trabajo es el adolescente o el niño, pero tratando de modificar todo lo que incide negativamente en su situación mental o social”.
Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio constituye la segunda causa de muerte en adolescentes en el planeta.
En Cuba, el trabajo intersectorial ha permitido mantener tasas bajas de suicidio consumado. En Villa Clara, al cierre de 2025 no se reportó ningún caso en niños ni adolescentes, aunque sí se registra una tendencia al alza en los intentos durante la última década.
El método más frecuente sigue siendo la ingestión de psicofármacos en formato de tabletas, por lo que urge mayor concientización del fenómeno en la familia y en la sociedad, en general.
Las cifras del servicio —575 casos en cuerpo de guardia durante los12 meses anteriores— reflejan la alta demanda de una atención que combina lo clínico con lo legal y lo humano.
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