A raíz de la orden ejecutiva del 29 de enero de 2026, por la cual el presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Donald Trump, declaró a Cuba una "amenaza inusual y extraordinaria", el profesor Enrique Carlos Loyola Vega, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Internacional en Villa Clara, ofrece un análisis jurídico y político demoledor.
Su evaluación parte de una interpretación clara del contexto: "la actual élite de poder de EE. UU., liderada por Trump, enfrenta fracasos internacionales y una crisis interna severa", con una aceptación que "cae al 27 por ciento" y una oposición ascendente dentro de su propio partido.
Ante este panorama, para Loyola Vega, la salida imperial es predecible, pues quieren "crear un nuevo conflicto que desvíe la atención internacional y nacional", y utilizar la nación caribeña como chivo expiatorio para limpiar la imagen de un gobierno en problemas, "con la mira puesta en las votaciones de medio término".
El núcleo del argumento de Loyola Vega reside en desmontar la lógica misma de la declaración. Señala la contradicción fundamental: el presidente de "la primera economía mundial" y "supuestamente más poderosa potencia militar" se declara amenazado por "la pequeña y según ellos subdesarrollada" Cuba.
Para el jurista, ese acto revela una cobardía que intenta ocultarse tras un andamiaje legal basado en las Leyes de Poderes de Emergencia y Económicos, las cuales permiten al presidente actuar "sin tener que informar o contar previamente con el Senado o el Congreso".
Las justificaciones estadounidenses son, a su juicio, un "reciclaje de viejas calumnias". Sobre la acusación de patrocinio al terrorismo, Loyola Vega responde que se basa únicamente en que la Cuba admite "representantes de los movimientos populares Hamas de Gaza y Hezbollah del Líbano".
Respecto a la instalación de bases militares extranjeras, afirma con contundencia que se trata de “una mentira ya vieja, y que, además, si fuera cierto, existe un Derecho de Conservación que lo autoriza sobre la base del principio de la Carta de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de la Soberanía Territorial".
Acerca del argumento de que el país antillano resulta un "factor desestabilizador", lo desarma punto por punto.
Sobre la migración, pregunta irónicamente: "¿Por qué no declaran a la humanidad entera, incluyéndose ellos, como una amenaza inusual?".
Referido a la no cooperación antiterrorista, recuerda que Cuba deviene "país de los más afectados por el terrorismo, que ayudó a solucionar el conflicto en Colombia”.
Y en torno al narcotráfico, sentencia que "somos el mayor impedimento en el Caribe al tráfico de drogas a EE. UU.", al destacar que "fue el mismo Trump, quien dispuso el fin de dicha colaboración".
Mientras se acusa a La Habana de una amenaza ficticia, Loyola Vega invierte el foco para presentar la evidencia histórica de que Cuba es, en realidad, una víctima del terrorismo de Estado.
Define este concepto como el uso de medios desde las estructuras oficiales para causar pánico y forzar cambios: "todo lo realizado contra Venezuela y lo que llevan haciendo contra nosotros desde el mismo triunfo revolucionario".
Su recuento es un catálogo de agresión: "la quema de cañaverales y escuelas, bombardeo de ciudades, ataques y secuestros de embarcaciones de pescadores, asesinato de combatientes, el ataque por Playa Girón, la Crisis de octubre 1962, la agresión bacteriológica, los sabotajes a instalaciones turísticas… y también los más de 600 intentos de liquidación del Comandante en Jefe Fidel Castro".
El balance de este terrorismo de Estado, según sus cifras, se refleja en "unos tres mil 478 fallecidos, así como dos mil 099 lesionados e incapacitados permanentes; más que los caídos y afectados por los sabotajes terroristas del 11 de septiembre en las Torres Gemelas y el Pentágono".
Ante esto, su conclusión es categórica: "ahora resulta que nosotros somos los terroristas, qué faltos de vergüenza y mentirosos son estos Trumpistas".
Desde la óptica del Derecho Internacional, Loyola Vega califica la orden como una violación flagrante. Enuncia que "han violado los principios fundacionales de la Carta de la ONU sobre la libre determinación de los pueblos, igualdad soberana, no injerencia en los asuntos internos, no amenaza ni uso de la fuerza, arreglo pacífico de las controversias".
Además, la considera un acto "extraterritorial violatorio de las reglas del Derecho Internacional Privado y una extorsión contra terceros países, que atenta contra la base del capitalismo: la libertad de comercio".
El análisis del impacto deviene descarnado. La sanción de imponer aranceles al petróleo dirigido a Cuba "tendrá un efecto disuasivo que provocará grandes afectaciones en la industria eléctrica, que rebotará en el resto de la producción industrial, alimenticia, de bienes y servicios, en los centros científicos, la educación a todos los niveles, en la salud pública; imagina como podrán trabajar las terapias intensivas y las incubadoras".
Señala que el objetivo último, señala, es "más restricciones al nivel de vida del pueblo, con aumento de la pobreza".
Ante la pregunta de si esto constituye una declaración de guerra, el profesor responde con precisión técnica: "Es una acción extremadamente peligrosa y agresiva que puede dar paso a acciones peores, pero no constituyen aún una declaración de guerra comercial o armada convencional".
Advierte que podrían estar "preparando las condiciones para comenzar la guerra asimétrica no convencional de cuarta generación en su etapa de guerra sicológica".
Frente a esta arremetida, la reflexión final combina realismo histórico y convicción inquebrantable. Reconoce que el pueblo cubano "ha vivido siempre en situaciones límites", pero destaca que "hemos sabido sobrevivir, formarnos como nacionalidad, ser un país libre, soberano, querido y respetado".
Recuerda el período especial, cuando "nos quedamos sin nada de energía, casi sin amigos y con los EE. UU. triunfantes en sus mejores momentos y aquí estamos". Ese historial de resistencia es la base de la confianza del Estado cubano.
Su llamamiento apunta a la preparación y la unidad "bajo la concepción de la Guerra de Todo el Pueblo, con el ejemplo de nuestros mambises" y "sobre la base de la experiencia adquirida en las múltiples misiones internacionalistas victoriosas".
Concluye con una afirmación de fe en la capacidad defensiva de la nación: "Tenemos las fuerzas armadas y el pueblo con mayor experiencia y mejor preparado para defender su soberanía".
La clave, insiste, está en "mantengamos, para lograrlo, la unidad de todos en torno a nuestro Partido, solo así salvaremos una vez más la patria y la revolución".
Para Loyola Vega, por el momento no queda otra que reivindicar, con argumentos y memoria histórica, el derecho de Cuba a existir en paz y soberanía.