La Habana, 26 oct (ACN) Aunque el gobierno estadounidense y medios al servicio de sus intereses intentan hacer creer ante el mundo que empresas foráneas, con negocios en Cuba, se han marchado por la crisis y el modelo cubano, bien sabido es que lo hicieron por miedo a las sanciones provenientes de Washington.
La Orden Ejecutiva 14404 (mayo 2026) amenaza con congelar activos y excluir del sistema financiero de ese país a cualquier entidad que comercie con la mayor de las Antillas.
La medida, por cierto, no la única como parte de la política de asfixia económica contra La Habana, se suma a la Ley Helms-Burton, la cual establece demandas contra empresas que "trafiquen" con propiedades nacionalizadas acá.
En busca de esos ingresos que ayuden a reactivar su industria y enfrentar el impacto del bloqueo económico, comercial, financiero y energético, Cuba se ha trazado 176 transformaciones que también ofrecen más oportunidades y beneficios al sector privado, a la banca y a la inversión extranjera.
A su vez están orientadas a modernizar el tejido empresarial, diversificar formas de gestión y estimular la productividad en los territorios.
Pero su implementación se ve afectada por las sanciones y amenazas estadounidenses, dirigidas a aislar al país del capital extranjero que necesita para desarrollarse y a provocar cuantos obstáculos o dificultades en lo interno sean posibles.
Porque a la criminal política de más de seis décadas se sumó este año un cerco energético que intercepta buques con combustible, nuevas sanciones financieras que alcanzan incluso al sector privado cubano y una campaña que presenta a la isla como una “amenaza” para la seguridad de los Estados Unidos.
Son constantes y abusivos los desafíos a los cuales la nación caribeña se ve obligada enfrentar, y ejemplo de ello está en la reciente decisión de mantener el horario de verano hasta el 7 de noviembre de 2027, fecha en la que correspondería efectuar el cambio el próximo año.
La medida responde al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba, y en particular al cerco energético que ha provocado el desabastecimiento de combustibles para la generación de electricidad.
Esta situación ocasiona un marcado déficit en el suministro eléctrico a la población y largas horas de afectaciones por apagones.
¿Qué economía puede sostenerse cuando por esa causa un elevado porcentaje de la producción nacional de bienes y servicios está paralizada o ha disminuido, y paralelamente fuentes de ingresos como el turismo y las remesas también se han reducido drásticamente, sin olvidar el impacto en el transporte público, en la salud, en la educación, en la seguridad social...?
Las amenazas y sanciones estadounidenses impiden que al país entre no solo combustible sino materias primas e insumos para la producción de alimentos, de medicamentos y de otros tantos recursos vitales.
En el reciente podcast Desde la Presidencia, precisamente dedicado a las transformaciones económicas y sociales, Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, subrayó que estamos en un momento de urgencias, bajo condiciones de guerra contra Cuba.
Denunció que se desarrolla "una guerra multidimensional, una guerra que es económica, que es ideológica, que es cultural, y que también es comunicacional”.
"No se trata, dijo el jefe de Estado, de una guerra cualquiera sino de las llamadas guerras de Cuarta Generación, con medidas coercitivas que escalan con el propósito de asfixiar la economía, y una guerra mediática total”.
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