La Habana, 1 feb (ACN) Diversas figuras políticas y organizaciones solidarias en Estados Unidos condenaron la reciente orden ejecutiva del Gobierno de Donald Trump que impone aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, medida considerada una escalada del bloqueo económico, comercial y financiero contra la Isla, informó el portal del ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.
Rashida Tlaib, representante demócrata por Michigan, calificó la disposición como un acto de crueldad extrema y advirtió que afectará hogares, escuelas y hospitales, dejando a niños sin alimentos ni medicinas.
Nydia Velázquez, congresista demócrata por Nueva York, denunció que la política equivale a una guerra económica diseñada para provocar hambre y sufrimiento, con consecuencias directas sobre los sectores más vulnerables de la población cubana.
Chuy García, representante demócrata por Illinois, recordó que el bloqueo estadounidense contra Cuba se ha mantenido por más de seis décadas y afirmó que el nuevo ataque económico busca provocar un colapso humanitario y forzar más migración.
El Partido Comunista de Estados Unidos rechazó la medida, la calificó de chantaje imperialista y exigió su revocación inmediata, junto al levantamiento total del bloqueo y la exclusión de Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo.
The People’s Forum expresó en su cuenta en X que la restricción del acceso al combustible constituye un ataque directo a la infraestructura básica de Cuba, y destacó la capacidad de resistencia de la nación caribeña pese a más de 60 años de bloqueo.
Democratic Socialists of America señalaron en una publicación en X que la orden ejecutiva no responde a razones de seguridad nacional, sino que constituye “terrorismo económico” destinado a profundizar la crisis humanitaria creada por el propio bloqueo.
El movimiento pacifista CODEPINK denunció que el objetivo real de la medida es asfixiar a toda la población cubana, y subrayó que la Isla no representa una amenaza para Estados Unidos.
Los pronunciamientos reflejan un consenso creciente en sectores de la sociedad estadounidense e internacional de que Cuba no constituye amenaza alguna, y que la nueva disposición viola principios básicos del Derecho Internacional.
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