Decreto-Ley No.35 y los desafíos de Cuba en el ciberespacio

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La Habana, 21 ago (ACN) El Decreto-Ley No.35 de las Telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y del uso del espectro radioeléctrico en Cuba, publicado esta semana en la Gaceta Oficial , constituye la primera norma jurídica de rango superior del país que presenta una base jurídica para la defensa de la soberanía nacional y de las personas en el ciberespacio.

Que a pocas horas de su publicación se detectara una operación mediática para defenestarla evidencia la necesidad de una normativa de este tipo que no se circunscribe únicamente al ámbito de la propagación de noticias falsas, como ha pretendido generalizarse, sino que elimina lagunas legales referidas a la protección y desarrollo del espacio radioeléctrico, la integridad de los usuarios de Internet y el desarrollo de la infraestructura nacional.

El paquete jurídico se aprueba en un contexto de urgencia. Como ha quedado demostrado, los sucesos del 11 de julio estuvieron signados por una campaña mediática originada en la plataforma Twitter y bajo la etiqueta #SOSCuba, mientras que los sitios web del Ministerio de Relaciones Exteriores, el de la Presidencia y los medios informativos Granma, Juventud Rebelde y Cubadebate recibieron ataques cibernéticos que se detectaron desde direcciones IP localizadas en Estados Unidos, Francia y Turquía.

La normativa sirve para dejar claro que el Estado cubano es quién gestiona el espectro radioeléctrico en la nación. Aspecto remarcable en medio de amenazas por parte del Senado de Estados Unidos el cual aprobó una enmienda (3097) que le pide al presidente Joseph Biden facilitar el acceso libre a Internet en Cuba a partir de la creación de un fondo que posibilite ese servicio.

Cuba no es el único país del mundo que ha decidido marcar pautas legales en el área de las telecomunicaciones y el ciberespacio. Al contrario, quizás la normativa debió aparecer mucho antes cuando el ciberacoso y la repercusión de noticias falsas empezaron a tener presencia en nuestra ciudadanía.

Según la página oficial del Consejo Europeo, la Unión Europea (UE) toma medidas para hacer frente a los desafíos en materia de ciberseguridad que están encaminadas a mejorar la ciberresiliencia, luchar contra la ciberdelincuencia, impulsar la ciberdiplomacia y reforzar la ciberdefensa.

“En mayo de 2019, el Consejo estableció un marco que permite a la UE imponer sanciones específicas para impedir los ciberataques que constituyen una amenaza externa para la UE o sus Estados miembros y responder a ellos.

Más concretamente, este marco permite por primera vez a la UE imponer sanciones a las personas o entidades responsables de ciberataques o tentativas de ciberataques, o que prestan para ello apoyo financiero, técnico o material o están implicadas de algún otro modo, así como a otras personas y entidades asociadas con ellas”, se refiere.

Según el último informe de las Naciones Unidas, un ciberataque se produce cada 39 segundos en todo el mundo, por lo tanto, para proteger a los países de agresiones que puedan repercutir en su gestión y orden interno es necesario comprender a la ciberseguridad dentro de las políticas públicas por medio de legislaciones.

En Francia hace tres años se aprobó una ley contra la manipulación de la información que implica el castigo con penas de 45 mil euros o la cárcel. La normativa destaca tres delitos esenciales: falsas noticias manifiestas, difusión masiva de las mismas y alteración del orden público y del voto electoral.

El gobierno de Malasia impone multas de 123 mil dólares y penas de hasta seis años de cárcel por crear, publicar o diseminar noticias "total o parcialmente falsas" que afecten al país o a sus ciudadanos.

Por otra parte, en Reino Unido un cibercrimen se puede pagar con 14 años de prisión y hasta con cadena perpetua. La legislación recoge, entre otros aspectos, el daño de material sensible que incluye: daño al bienestar de las personas, al medioambiente, a la economía del país, a la seguridad nacional y de cualquier otra nación, etc.

Mientras, en Alemania el gobierno promueve la educación política y formación a la ciudadanía sobre las fake news. Además, en 2018 entró en vigor una norma que obliga a las plataformas digitales a eliminar mensajes con “contenido delictivo” y de no hacerlo enfrentan multas millonarias, apunta la televisora Deutsche Welle.

Por su parte, América Latina intenta avanzar en materia de ciberseguridad y enfrentamiento a las noticias falsas. En Argentina se puso en marcha el Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales.

En El Salvador, una propuesta de normativa pide hasta cinco años de prisión a quienes propaguen informaciones falsas. También, el Senado brasileño aprobó en julio de 2020 un proyecto de ley contra las fake news el cual cuenta con la resistencia del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro.

La libertad de expresión es un derecho que asiste a todos los cubanos porque aparece refrendadado en la Constitución de la República en su artículo 54. El Decreto-Ley 35 no limita el ejercicio de este derecho sino que establece un marco jurídico para un fenómeno contemporáneo al que se enfrentan varias sociedades: la propagación de noticias falsas, y el cual ha sido reconocido además como una amenaza a la libertad de expresión de las personas.

Al mismo tiempo, la normativa cubana fomenta el desarrollo de la infraestructura del sistema de radiocomunicación móvil, entre otras cuestiones que intentan perfeccionar las telecomunicaciones para un mejor desarrollo del país.

Proteger la información personal, nacional y evitar la manipulación informativa son retos que los ciudadanos y sus gobiernos deben enfrentar. Actualmente se vive en un escenario en el que la red de redes brinda herramientas a nuesto favor, pero estas mismas nos pueden perjudicar al crear realidades virtuales con fines políticos.

La educación sobre las noticias falsas y el desarrollo de una cultura de ciberseguridad es un paso importante para su detección, pero también su control legal se hace imprescindible para un uso más humanista y liberador de estas plataformas tecnológicas.

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