Cooperativas no agropecuarias en Cuba: logros y contratiempos en el camino (Cronología)

0820-cooperativas-agropecuarias.jpg

La Habana, 20 ago (ACN) Esta semana Cuba dio un importante paso en la consolidación de las cooperativas como un actor dinamizador de la economía nacional tras la publicación de las normas que implementan la constitución de las llamadas cooperativas no agropecuarias. Hasta este momento, dichas sociedades funcionaban con carácter experimental.

Según el Anuario Estadístico de Cuba correspondiente al 2020, al cierre del último calendario existían en el país 421 estructuras de este tipo, de ellas 252 en La Habana. La mayoría se encontraba en los sectores de Hoteles y restaurantes; Comercio, reparación de efectos personales; y la Construcción.
Una mirada a los orígenes

En el año 2012 y como parte del proceso de actualización del modelo económico cubano, se aprobó la creación, con carácter experimental, de las cooperativas en sectores no agropecuarios, para lo cual se emitió el Decreto-Ley 305.

Dicho documento establecía que estas eran una organización con fines económicos y sociales, que se constituían voluntariamente sobre la base del aporte de bienes y derechos y se sustentaba en el trabajo de sus socios, cuyo objetivo general era la producción de bienes y la prestación de servicios mediante la gestión colectiva para la satisfacción del interés social y el de los socios.

Las CNA surgieron con personalidad jurídica, y podían ser de primer grado (asociación voluntaria de al menos tres personas naturales) o de segundo grado (por dos o más cooperativas de primer grado con el objetivo de organizar actividades complementarias afines o que agreguen valor a los productos y servicios de sus socios, o de realizar compras y ventas conjuntas, con vistas a lograr mayor eficiencia).

El Decreto-Ley 305 establecía que las entidades estatales podrían vender a las cooperativas equipos, medios, implementos u otros bienes muebles que se determinaran, de acuerdo a lo legalmente establecido, y que estas podrían participar en la licitación de arrendamientos de inmuebles y de la venta de otros activos fijos de un establecimiento estatal.

Las personas naturales, para ser socios de una cooperativa, debían tener 18 años de edad, ser residentes permanentes en Cuba y estar aptos para realizar labores productivas o de servicios de las que constituyen su actividad.

Evolución, logros, tropiezos y aprendizajes

En 2014 el Banco Central de Cuba dio a conocer la Resolución No. 35, la cual establecía que los aspirantes a socios fundadores de una CNA de primer grado que requirieran realizar aportaciones dinerarias en pesos cubanos para la constitución de la misma, solicitarán todos y de una sola vez, según correspondiera, la apertura de una cuenta de depósito a la vista en pesos cubanos destinada a recibir esos fondos.

Una vez constituida la cooperativa se transferiría el saldo de esta a la cuenta corriente de la CNA; es decir, a aquella cuenta destinada a realizar las operaciones relacionadas con su objeto social, a través de la cual se depositan los ingresos y se pagan las obligaciones. En caso de no constituirse la estructura, se procedería a la devolución de los fondos a quien correspondiera, de la misma forma en que se actuó al momento del depósito.

La normativa señala que podrían operar, además, cuentas de gastos, de depósito a plazo fijo, de financiamiento y de ingresos.

Asimismo, podrían solicitar los servicios de cuenta «plica» o «escrow», la cual se establece en virtud de un acuerdo de financiamiento y representa una garantía para el prestamista al depositarse fondos o fluir ingresos para asegurar la amortización de las deudas.

Ya en mayo de 2015 se aprobó en el Consejo de Ministros un grupo de medidas con el fin de fortalecer y mejorar el trabajo de las CNA.

Hasta ese momento se había autorizado la creación de 498 cooperativas, de las cuales 347 se encontraban funcionando, y se evaluaban otras 205 propuestas. El 88 por ciento se concentraba en los sectores de Comercio, Gastronomía, y Servicios Técnicos y Personales; Construcción; e Industria.

Marino Murillo Jorge, Jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, señaló en ese entonces que las cooperativas estaban generando empleo, habían incrementado las ofertas, la calidad de las producciones y los servicios, y se ocupaban de los segmentos del mercado que no resultan competitivos para la empresa estatal.

Entre los aspectos negativos consideró que el procedimiento para constituir las cooperativas había incorporado una carga burocrática que generaba dispersión y demoras.

“El comienzo de las operaciones ha sido lento, motivado fundamentalmente por la selección de los locales, su legalización en los Registros de la Propiedad y la creación de las condiciones para su funcionamiento; el proceso de negociación entre cooperativas e instancias aprobatorias; y los trámites legales ante notarios e instituciones bancarias”.

Se denunció que durante el periodo habían surgido dificultades en el acceso a los suministros y que existía una tendencia al incremento de los precios de productos y servicios, sobre todo en los mercados agropecuarios y en la actividad de gastronomía.

En consecuencia, el Consejo de Ministros aprobó varias propuestas dirigidas a fortalecer y mejorar el trabajo de esta forma de gestión, entre ellas, extender el experimento de las cooperativas de primer grado en sectores no agropecuarios, ampliar a un año del tiempo máximo para contratar a trabajadores asalariados (antes era de tres meses), los cuales no podrían sobrepasar el 10 por ciento de la cantidad de socios; y establecer un periodo de bonificación de impuesto de los primeros seis meses después de la inscripción en el registro de contribuyentes (antes era de tres).

A tono con la estrategia anunciada por la máxima dirección del país de avanzar de manera gradual en la creación de las cooperativas para rectificar errores antes de generalizar el experimento, solo 22 CNA fueron aprobadas en Cuba en 2015.

Al cierre de ese año funcionaban 367 cooperativas de nuevo tipo, superior en poco más de una veintena a las existentes en 2014 (345).

En 2016 se autorizó a las CNA a comprar los insumos directamente a las entidades productoras y empresas mayoristas, lo cual despejó un poco el acceso a los suministros y puso en otro contexto las relaciones costo-beneficio.

Con esos cambios, corporaciones como Cimex, Copextel, Seisa, Acinox, además de empresas productoras de alimentos y del grupo agrícola pudieron tributar logísticamente a estos actores de la economía nacional.

Asimismo, la norma jurídica 124/2016 del Ministerio de Finanzas y Precios estableció impuestos sobre ventas y servicios, por la utilización de la fuerza de trabajo, sobre utilidades, contribución a la seguridad social, y contribución territorial para el desarrollo local.

A partir de este momento, a pesar de que se reconocía que los precios de los productos funcionaban bajo la ley de oferta y demanda, existían excepciones para surtidos de sensible impacto para la población, por lo cual se establecieron precios máximos a determinados artículos que comercializan las CNA de servicios gastronómicos.

De esta forma, los refrescos gaseados, la cerveza y el ron de producción nacional, así como los cigarros, los tabacos y productos elaborados como el pollo, tuvieron topes de precio.

En relación con los insumos y materias primas que las CNA podrán tener al alcance, se estableció que los comercios estatales aplicarían un 20 por ciento de descuento para la venta mayorista de partes, piezas y accesorios a estas cooperativas, para el desarrollo de su actividad.

Yovana Vega Mato, segunda jefa del área de Perfeccionamiento a Entidades de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, en entrevista concedida al diario Granma en 2017 sobre la actualización de la política para el funcionamiento de esta forma de gestión no estatal señaló que en su mayoría las cooperativas no agropecuarias mostraban resultados positivos.

No obstante, se habían identificado limitaciones e insuficiencias en su desarrollo como actos de indisciplinas; apropiación indebida de recursos y de ingresos; personas que fungían como socios de varias cooperativas a la vez; deficiencias en los registros contables; utilización de créditos bancarios con fines diferentes para los cuales se otorgaron; y algunos hechos de corrupción.

Trascendió en ese entonces la persistencia de desviaciones en la gestión de algunas cooperativas, asociadas fundamentalmente a indisciplinas y violaciones de la legalidad, que habían desvirtuado los principios del cooperativismo.

Apropiación indebida de recursos e ingresos y corrupción, y la existencia de casos de concertación entre cooperativas y entidades estatales para cometer ilegalidades, sobre todo en el sector de la construcción, fueron algunos de los elementos expuestos.

Otras deficiencias detectadas fueron la existencia de algunas que materializaban una parte importante de su gestión contratando fuerza de trabajo asalariada y comprando servicios a terceros, deficiencias en los registros contables y marcadas diferencias en los anticipos percibidos por los socios que ejercían como directivos, con respecto a los que realizaban labores directas en la actividad fundamental.

Asimismo, ocurría el uso de créditos bancarios con fines diferentes a los conceptos por los que habían sido otorgados, irregularidades en los presupuestos de obras de la construcción y en las facturaciones y cobros así como una tendencia al incremento de precios.

Teniendo en cuenta ese escenario, se decidió acometer un trabajo para perfeccionar su funcionamiento para propiciar una mejor gestión.

Ya en 2019, se emitieron normas jurídicas que actualizaban la legislación en torno a las cooperativas no agropecuarias, las cuales constituían una expresión jurídica de la política aprobada en 2017 para perfeccionar su funcionamiento.

En ese momento se decidió que durante la etapa experimental no se crearían nuevas estructuras de este tipo, sino que la prioridad sería concentrar los esfuerzos en la consolidación de las constituidas.

El nuevo cuerpo jurídico, que entró en vigor en noviembre de ese año, constaba de un Decreto-Ley, dos decretos y dos resoluciones.

Se ratificó que CNA eran cooperativas de trabajo, donde los socios tienen como principal contribución su trabajo personal; se modificó el principio de territorialidad, estableciendo aquellas actividades que tendrían alcance nacional y las que se desarrollarían en el ámbito territorial.

También se incluyó como nuevo principio del cooperativismo el de educación y formación de los socios y se fijó la obligatoriedad de crear un fondo proveniente de las utilidades para financiar estas actividades.

Como aspectos novedosos, se introdujo la figura de “socio a prueba”, se establecieron rangos para el crecimiento de los socios de las cooperativas, y como principio de retribución la existencia de un límite máximo de tres veces entre el socio que más ingresos percibe y el de menos.

Además, se amplió el término de tiempo -de uno pasó a tres años-para negociar bonificaciones o exenciones del pago de arrendamiento de inmuebles, cuando la cooperativa asumía su reparación; y se aprobó la posibilidad de suspender las operaciones de manera temporal, por un plazo máximo de seis meses, ante la detección de problemas o deficiencias en la gestión.

Se flexibilizó que la empresa estatal pudiera comercializar a las cooperativas cualquier producción disponible, a los precios establecidos, eliminando el subsidio en los casos que correspondiera y se ratificó que los precios de venta de las CNA se determinaban por estas, según la oferta y la demanda, con excepción de aquellos regulados centralmente.

En 2020 se aprobó la Resolución 315 del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, la cual estableció las condiciones para que las formas de gestión no estatal pudieran realizar la exportación de bienes y servicios generados en el marco de su actividad, así como importar materias primas o bienes que aseguren sus producciones de bienes y servicios a través de las entidades exportadoras e importadoras autorizadas.

Ese mismo año la CNA de Matanzas La Concordia y la empresa extranjera Cincuenta Américas Fachadas Panamá, firmaron el primer contrato de exportación de su tipo en el país, a través de la entidad cubana DINVAI S.A.

2021: las CNA en un entorno de actualización de los actores económicos

Este jueves 18 de agosto salió publicado en la Gaceta Oficial de la República el Decreto-Ley 47, el cual plantea que como parte de la Estrategia Económico-Social, se concibió el desarrollo de las cooperativas no agropecuarias, en particular la generalización de este actor y la eliminación de las restricciones existentes, por lo cual se derogarían las disposiciones vigentes.

La norma define que una cooperativa es una entidad económica, de carácter empresarial, y que las entidades autorizadas que suministran productos o prestan servicios para entidades económicas que se decida gestionar de forma cooperativa continuarán suministrándolos o prestándolos mediante contrato, de acuerdo con su plan, presupuesto y política comercial y de precios sin subsidios establecida, hasta tanto se desarrollen otros mercados o fuentes de suministros o servicios, siempre que la economía lo permita.

En la reunión del Consejo de Ministros de junio último, en la que aprobó la actualización de los actores de la economía cubana, el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz explicó que los resultados de los controles realizados durante la etapa experimental de las CNA concluyeron que, a pesar de las deficiencias, era viable la política aprobada.

A partir de estos hechos, se decidió dar por concluido el experimento y extender de una manera gradual su creación a todos los sectores en que ya se han aprobado, excepto las de la construcción.

Escribir un comentario

No se admiten ofensas, frases vulgares ni palabras obscenas.
Nos reservamos el derecho de no publicar los comentario que incumplan con las normas de este sitio


Código de seguridad
Refescar