Silencio judicial tensa ambiente en Congreso brasileño

 

petrobas_brasilLa Habana, 6 mar El silencio judicial en torno a las 54 personas sospechosas de participar en una red de corrupción en Petrobras suscita hoy tensión en el Congreso brasileño, pues hay inquietud con las denuncias que circulan de forma oficiosa.

Las imputaciones de que 45 legisladores integran esa lista originaron inculpaciones sin juicio contra diputados de partidos aliados y de la oposición, y motivaron que algunos parlamentarios contrataran de antemano abogados.
Entre los supuestos implicados en este escándalo de convenios inflados y de entrega de propinas de manera ilícita aparecen -según medios de prensa nacionales, los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan Calheiros.
Ambos reiteraron la víspera que no tienen ninguna relación con exdirectivos de Petrobras y empresarios involucrados en esta red y Cunha agregó que contrató un letrado para asegurar su defensa en caso de confirmarse la acusación en su contra.
El líder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Neves, anunció igualmente que solicitó los servicios de un abogado, pues rotativos señalaron que su nombre aparece entre los 45 políticos liados a este esquema.
Otros medios de prensa indicaron que la Procuraduría General de la República (PGR) pidió el archivo del expediente de Neves y del expresidente de la Cámara de Diputados Henrique Eduardo Alves, pues apenas fueron mencionados por delatores de este escándalo.
La lista con los nombres está en manos del magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, quien -según empleados de esa instancia- analiza todos las solicitudes de apertura de pesquisas y de archivo de procesos, y podría este viernes dar a conocer a los imputados.
Las indagaciones de políticos elevan el nivel de las averiguaciones iniciadas en marzo último y que corroboraron la existencia de una red de corrupción desde hace más de una década, en la cual constructoras nacionales y extranjeras se repartían los contratos con la petrolera nacional, alteraban los presupuestos y se repartían los fondos obtenidos de manera irregular.
Según el esquema montado, esas entidades y sus ejecutivos conspiraron con empleados de la compañía estatal para defraudar a la principal y mayor compañía de Brasil. Se estima que las pérdidas por estos ilícitos suman 10 mil millones de dólares.
Hasta la fecha, la Policía mantiene en prisión a un grupo de empresarios que se presume participaron en estos ilícitos con Petrobras y liberó a otros que acordaron colaborar a cambio de penas menores de prisión (PL).

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