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Holguín, 14 feb (ACN) A partir de la aplicación del Decreto Ley 30, desde el primero de febrero del presente año en la provincia de Holguín se han aplicado alrededor de 70 multas por contravenciones en los precios, ascendentes a 374 mil pesos, como parte de las medidas de la Tarea Ordenamiento para enfrentar las ilegalidades.

Dionisia Milagros Portelles, directora de la Dirección Integral de Supervisión en ese territorio, precisó a la Agencia Cubana de Noticias que las violaciones más frecuentes se concentran en las alteraciones de tarifas en la venta de carne de cerdo, ahumados y productos del agro, como viandas y hortalizas con el mayor número de hechos detectados hasta el momento en los municipios de Banes, Calixto García y la cabecera provincial.

Destacó que esta nueva ley autoriza además, los decomisos, los hallazgos y las ventas forzosas, como herramienta para complementar la aplicación de las multas, con cuantías entre dos mil y 15 mil pesos a los infractores.

La directiva puntualizó que entre las ocupaciones a vendedores particulares sobresalen más de nueve mil libras de productos agrícolas, las cuales tras las operaciones fueron entregadas a los hospitales Pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja, General Docente Vladimir Ilich Lenin y el Sistema de Atención a la Familia.

A estos renglones se incluyen también el decomiso de 270 libras de chorizo, las cuales fueron trasladadas al comedor obrero de la Empresa Constructora del Poder Popular para la alimentación de sus trabajadores y a los violadores de lo establecidos les fueron impuestas dos multas a un ciudadano por reiteradas ventas de carne de cerdo a más de 100 pesos la libra, hecho repetido en múltiples ocasiones.

Este decreto, fundamentó Portelles, incluye el término de apelación hasta tres días después del hecho a la autoridad facultada, el cual pierde su validez en un período de un mes, cuando se duplica el monto, sin recursos administrativos ni judiciales.

Explicó que el documento faculta a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), la Inspección Sanitaria Estatal (ISE), la Dirección Estatal de Comercio (DEC) y la Unidad Estatal del Transporte (UET) para aplicar las medidas correspondientes, una vez detectadas las infracciones, las cuales se recepcionan a través de las denuncias de la población y las visitas de esos grupos a puntos de venta.

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