Profundidad y empuje de la Segunda Ley de Reforma Agraria

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A alturas de 1963, con precisión el 3 de octubre de ese año, la Revolución Cubana dictó la Segunda Ley de Reforma Agraria, encaminada a profundizar la transformación social y agraria emprendida seriamente en los campos del país apenas pocos días después del triunfo, en cumplimiento del programa del Moncada.

Como supone la lógica, la antecedió la Primera Ley de Reforma Agraria, aprobada poco más de cuatro años antes, 17 de mayo de 1959, en un acto de proclamación de gran simbolismo realizado por el líder de la Revolución Fidel Castro desde la Comandancia de La Plata, en el corazón de la Sierra Maestra, donde naciera y librara sus primeras batallas liberadoras el Ejército Rebelde.

Eran años en los que las acciones de justicia social parecían impulsadas por un hervor telúrico, y sin embargo, en gran parte respondían al compromiso raigal de un dirigente martiano y honrado con su pueblo, quien el día inicial del triunfo había dicho en Santiago de Cuba: “Esta sí es la Revolución de verdad”.

La primera Ley había permitido la tenencia de un máximo de 402 hectáreas (ha) de tierras potencialmente cultivables o laborables a los propietarios individuales.

Con ello se dio un golpe demoledor a la desigualdad y el estado de explotación inhumano generado por el poderío de los grandes terratenientes y los monopolios norteamericanos, dueños de grandes extensiones de tierra, algunas de ellas superficies improductivas.

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Como herencia del sistema colonial y de los gobiernos entreguistas de la república nacida a principios del XX, prácticamente el 70 por ciento del territorio estaba en manos de empresas foráneas y grandes hacendados y la mediana burguesía criolla.

En sus predios el hombre que trabajaba frente al surco, mayoritario en número, vivía en condiciones de extrema pobreza, con altos índices de analfabetismo e insalubridad, baja esperanza de vida y alta mortalidad infantil dentro de las expectativas de su familia.

Englobados con la clasificación de agricultores pequeños trabajaban como dueños de nada, a merced de abusos e injusticias cotidianas, en colonatos, parcelas arrendadas y precaristas. Días y noches sin futuro ni esperanzas para ellos.

La Primera Ley, histórica y urgente, cumplió el cometido fundamental de hacer justicia, dar tierra a quien la trabajaba -67 ha o cinco caballerías- e inicio una nueva era para transformar el campo cubano, al que llevó escuelas, salud y nuevas estructuras productivas que mejorarían la vida del campesinado, sector que, además, tantos combatientes había dado a las guerras libertarias de la nación.

Aquellos hechos volcánicos generaban nuevas necesidades e imperativos sociales. Pocos años después la vida imponía una radical profundización, aunque no revisión de su esencia, de la Primera Ley de Reforma Agraria. Este paso fue la segunda proclamación sobre el tema, aprobada por el Consejo de Ministros y el entonces presidente de la república, Osvaldo Dorticós Torrado.

Tal paso incluía, en lo fundamental, limitar la extensión de la tierra autorizada a tener.

De 402 ha se pasaba a 67 ha para todos, incluyendo a los grandes propietarios criollos y extranjeros que antes poseían las mayores extensiones territoriales. Con ello se aseguraba que más del 70 por ciento de la tierra, todavía en poder de terratenientes, pasara a usufructo del Estado cubano, para beneficio no solo del sector campesino, los obreros agrícolas, sino de todo el pueblo.

La situación no podía continuar como estaba, no solo porque había necesidad de desatar las fuerzas productivas y desarrollar el campo.

También, porque desde el mismo instante en que entró en vigencia la Primera Ley, en 1959, Estados Unidos decidió ser el enemigo número uno del proceso revolucionario cubano y desde el primer día después del suceso empezó a organizar con mayor fuerza la contrarrevolución interna, los sabotajes, a organizar escuadrones de bandidos, y a engendrar medidas coercitivas y de agresión constante y criminal.

Para ello usaban muchas de las extensiones de tierra en su poder. Aquella conjura brutal fue combatida por el pueblo y liquidada.

A 58 años de la Segunda Ley de Reforma Agraria, el campo cubano y el sector agropecuario han vivido etapas de crecimiento y momentos muy difíciles y extremos, marcados por el bloqueo imperial, el llamado período especial tras la caída del campo socialista después de los 90 del pasado siglo y hasta por severas contingencias meteorológicas.

También ha sufrido y sufre las consecuencias del efecto invernadero generado por el cambio climático, que afecta al planeta debido a las emisiones excesivas de gases que recalientan la tierra y perjudican el clima.

Ha padecido de políticas agrarias o aplicación de programas incorrectos o insuficientes en el manejo de las tierras y el trabajo. Sería poco serio un análisis que no reconozca con espíritu autocrítico las deficiencias propias que han dado al traste con algunas muy buenas intenciones, a lo largo de los años.

Pero jamás el campo cubano ni sus habitantes retornaron ni retornarán al estado paupérrimo en que estaban, de manera mayoritaria, antes de la Revolución, ni antes de las dos Leyes de Reforma Agraria. Jamás volvieron la injusticia ni el desamparo, ni la muerte y enfermedades evitables, ni las desgracias se cebaron en sus niños, mujeres y mayores.

Con mucho por hacer, hoy son otros los desafíos que enfrentan las mujeres y hombres del entorno rural del país. A pesar de las tenazas y carencias derivadas del bloqueo, cambio climático, huracanes y temporales, se habla claro y fuerte de soberanía alimentaria, de cooperativas que impulsan la productividad, de emprendedores, de anapistas, de ciencia y técnica aplicada a sus faenas, de trabajo de sol a sol, agricultura orgánica, de producción y exportación creciente. Se busca con ahínco la solución de los problemas.

Un mundo y una vida en que nada es fácil, pero eso es lo mejor, porque al fin y al cabo así es la existencia, incluso cuando se vive en paz. Trabajar, luchar y crecer, ponerle el corazón a su Patria, es conciencia en estos tiempos.

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