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Hoy como ayer otro fracaso espera al bloqueo contra Cuba (+Video)

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El 6 de abril de 1960, el entonces subsecretario de estado norteamericano Lester D. Mallory aconsejó mediante un documento las medidas del bloqueo económico, comercial y financiero que consideró bastarían para derrotar a la naciente Revolución cubana.
Sus propuestas eran originadas dentro de un clima de euforia imperial, en el cual los burócratas del gobierno, de la CIA y del Pentágono emulaban entre sí aportando análisis, propuestas y operaciones secretas para adjudicarse los méritos de lo que creían sería una victoria inmediata.
El funcionario escribió: “El único medio previsible para enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento basados en la insatisfacción y las dificultades económicas... Debe utilizarse prontamente cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba... Una línea de acción que tuviera el mayor impacto es negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”.
Parecería que los planteamientos de Mallory fueran elaborados ayer por la actual administración estadounidense que se atiene obstinadamente a sus principios e incrementa, a pesar de los fracasos de varias generaciones de gobernantes de la Unión por cumplir los consejos del político.
Mallory tuvo una larga vida y murió a los 90 años en 1994, y fue testigo del fracaso de la labor de su vida, cuando todos los planes que concibió contra la pequeña Isla vecina fueron rechazados exitosamente uno tras otro durante más de 30 años.
Pero eso era un futuro lejano en la mañana del 3 de febrero de 1962, cuando el Presidente John F. Kennedy decretó la Proclama Presidencial 3447 que impuso formalmente el bloqueo sobre el comercio entre Estados Unidos y Cuba y que entró en vigor el 7 de febrero, hace 57 años.
Pero antes, desde junio de 1960, se puso en práctica por la CIA y la administración el denominado Programa de presiones económicas contra el régimen de Castro, aprobado en junio de ese año 1960 que contempló la prohibición del suministro de petróleo, del comercio, las relaciones financieras, del turismo norteamericano a Cuba y la supresión de la cuota azucarera, entre otras acciones.
También de forma paralela la Casa Blanca autorizó un Programa de acciones encubiertas contra el régimen de Castro y puso en marcha planes de atentados contra altos dirigentes de la Revolución en los que encabezaban la lista el Comandante en Jefe Fidel Castro, su hermano Raúl y Ernesto Che Guevara.
Además fue organizada una gigantesca operación de subversión político ideológica para instaurar en la Isla las organizaciones contrarrevolucionarias y promover desde el exterior una fuerte campaña de mentiras sobre la realidad cubana y a la vez intentaron el aislamiento internacional de Cuba, secundado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
En los años siguientes el bloqueo económico, financiero y comercial contra la Isla se incrementó con la Ley Torricelli primeramente y luego con la Helms Burton en la década de 1990, aplicadas para hacer insostenible la vida en la Mayor de las Antillas, tras la desaparición de la URSS y el Campo Socialista, esenciales socios comerciales y aliados del país que tuvo que resistir años de aguda crisis económica durante el llamado “período especial”.
Ambas legislaciones y sobre todo la última, incluyen en su Capítulo III medidas punitivas contra terceros países y compañías que tuvieran algún tipo de colaboración con Cuba, y supuestamente garantizaba a todos los ciudadanos y sus descendientes con bienes expropiados por la Revolución, la posibilidad de reclamar ante tribunales de ese país tales propiedades.
Entre las demandas que instaban a hacer se incluyen industrias y pequeños negocios como bares, bodegas, terrenos urbanos y rurales y todo lo que se pudo construir encima en los años posteriores, como casas, edificios, industrias, hospitales y centros sociales para que les sean devueltos ante la presunta caída de la Revolución.
De esta forma, por ejemplo, los descendientes de los antiguos dueños de las fincas rústicas donde hoy se alza la refinería de Cienfuegos, valorada en más de 500 millones de dólares, la exigirían como suya, de igual forma los poseedores de los terrenos donde se construyó el Barrio de Alamar, serían los propietarios de todos los edificios y cualquier tipo de obras sociales e industrias de la zona.
De esta forma la Cuba diseñada por esta Ley pertenecería nuevamente a las sucesoras de las clases explotadoras de antes de 1959, y retrotraería a la condición de inquilinos -sujetos a la voluntad de sus nuevos dueños-, a más del 70 por ciento de los ciudadanos del país que hoy son propietarios de sus viviendas gracias a las leyes revolucionarias.
Los campesinos y cooperativistas tendrían que someterse nuevamente a la explotación de los terratenientes y latifundistas, junto con los obreros que tendrían que ajustarse a la explotación de los dueños de las fábricas que vendrían desde EE.UU a asumir sus propiedades.
Pensar un escenario así, de generalizada mansedumbre del pueblo cubano ante los designios del imperio, es desconocer nuestra historia patria de 150 años de lucha por la independencia, contra el poder neocolonial y por la defensa de la Revolución durante los últimos 60 años.
Actualmente los seguidores del tristemente célebre Lester D. Mallory, en la Casa Blanca, amenazan con aplicar en toda su extensión el mencionado Capítulo III de la Ley Helms Burton en un nuevo y renovado intento por asfixiar con el bloqueo a la Cuba revolucionaria como lo han intentado infructuosamente durante 57 años.
Hoy como ayer solamente cosecharán un nuevo fracaso en su obsoleta política.

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