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Firmado acuerdo para fortalecer la seguridad jurídica

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La Habana, 10 jun (ACN) María Esther Reus González, titular del Ministerio de Justicia (MINJUS), y  Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba (TSP), firmaron hoy, en esta capital, un Protocolo de Trabajo para fortalecer la seguridad jurídica de los documentos y de los asientos registrales.   

Reus González afirmó que la rúbrica es una muestra de la intencionalidad de ambas instituciones de consolidar  sus relaciones de trabajo, las cuales, subrayó, han existido siempre pero en medio del proceso de perfeccionamiento del sector  jurídico es necesario ajustar la actividad registral a los nuevos escenarios.

Constituye también, afirmó la ministra, un paso superior en la búsqueda del objetivo común de facilitar los trámites y servicios a la población.

El presidente del  TSP acotó que  el referido protocolo está destinado a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,  y reconoció que los trámites legales tienen una trascendencia innegable para las personas naturales y jurídicas.

Por tal motivo, abundó Remigio Ferro, los individuos involucrados en esos actos requieren de ellos, además  de certeza y seguridad jurídica, agilidad y calidad en la tramitación.  

Este protocolo, aseveró,  crea una plataforma de labor capaz de solucionar inconsecuencias y debilidades que todavía subsisten, y acotó que refuerza las relaciones  entre ambas instituciones y establece pautas para la agilización y control de la actividad judicial.

 Durante el acto de firma del mencionado convenio de trabajo Francisco García Henríquez, viceministro de Justicia,  expresó que las funciones del  MINJUS y el TSP aunque diferentes se complementan.

Las decisiones del Tribunal, enunció, en asuntos relativos a procesos sobre reconocimiento de la unión matrimonial o impugnación de paternidad, el reconocimiento judicial de la unión matrimonial no formalizada y la declaración de presunción de muerte, entre otros muchos, se inscriben o anotan en los distintos registros del MINJUS.

Esa anotación, declaró, pone la información a disposición de las personas naturales y jurídicas  con interés legítimo en el caso y puede ser utilizada como prueba para la actuación de los tribunales y otras autoridades públicas.

Con este Protocolo profundizaremos, consideró García Henríquez, en los aspectos que limitan o afectan el cumplimiento de las funciones inherentes a ambos.

Además, enfatizó, se garantiza la actualización de los Registros públicos con las decisiones adoptadas por los tribunales y que las certificaciones expedidas por estos sean reconocidas como válidas, eficaces y como medios de prueba.

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