En Cuba, nueva Ley de Pesca para aprovechamiento racional de recursos (+Fotos)

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La Habana, 13 jul (ACN) La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) aprobó hoy una Ley de Pesca, la cual establece las regulaciones para el adecuado ordenamiento, administración y control de la actividad, en función de la conservación y aprovechamiento racional de estos recursos naturales en las aguas marítimas, fluviales y lacustres del país.

La legislación busca contribuir a la soberanía alimentaria de la nación, regular las autorizaciones de pesca, definir sus modalidades, disponer las bases para el funcionamiento del órgano consultivo en materia de ordenamiento pesquero y crear mecanismos de coordinación entre los organismos que intervienen en el proceso.

En presencia General de Ejército Raúl Castro, Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, y Miguel Díaz-Canel, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros; el diputado Ramón Aguilar señaló que en los meses de marzo y abril las comisiones Agroalimentaria y de Asuntos Constitucionales y Jurídicos consultaron el proyecto de Ley con los diputados en seis reuniones desarrolladas por regiones del país, formulándose 71 intervenciones.

0713-ley-de-pesca-02.jpgPosteriormente ambas comisiones, de conjunto con funcionarios y expertos de la Comisión redactora, intercambiaron con miembros de comunidades costeras de nueve provincias, encuentros  que contaron con 735 asistentes y en las que se efectuaron 86 intervenciones, destacó.

De manera general, dijo,  se realizaron 55 modificaciones al texto inicialmente circulado.

La fundamentación de la propuesta de Ley señala que el consumo per cápita anual de pescado se redujo de 16 Kilogramos (kg) en 1989 a 4,3 en 2014; y en el último lustro las 54 especies que se pescaban en la plataforma se redujeron en un 44 por ciento y las capturas en un 70 por ciento.

En cuanto a la langosta y el camarón, productos que reportan importantes ingresos al país por concepto de exportación, las capturas se contrajeron en los últimos cinco años en un 65 y un 90 por ciento respectivamente, refiere el texto.

Además, plantea que se estima que unos mil artefactos navales y alrededor de dos mil 500 personas realizan actividad de pesca ilegal, por lo cual las modificaciones se dirigen en lo fundamental a establecer  el  estudio del estado del recurso para proponer medidas de ordenación e instituir como limitante para obtener licencias, los antecedentes de violaciones del régimen de pesca.

La nueva normativa autoriza la pesca comercial no estatal, lo que significa que se podrá ejercer  como actividad por cuenta propia y por otras formas de gestión, lo cual no tiene antecedentes en la   legislación vigente,  y responde a la necesidad  de  fomentar fuentes de empleo, proveerles  de protección al establecerse un régimen de seguridad social.

Podrán realizar la actividad personas naturales - mayores de 17 años- o jurídicas, nacionales o extranjeras.

Además, independiza la pesca deportiva de la recreativa, considerando la submarina una  categoría  especial dentro de  esta última y se autoriza  a la  Oficina Nacional de Inspección Estatal del Ministerio de la Industria Alimentaria, y a las Tropas Guardafronteras y otras   dependencias   del   Ministerio   del   Interior , para las acciones de prevención y enfrentamiento.

La Ley no sólo será aplicable a aquellos espacios en  los cuales exista  abundancia de recursos  pesqueros,  sino  donde  haya disponibilidad de los mismos.

Las inspecciones para prevenir la contaminación de las aguas por fuentes  terrestres y de seguridad  biológica se constituyen como responsabilidad del Ministerio de la Industria Alimentaria, en coordinación con los de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y de la Agricultura y el Instituto Nacional de Recursos  Hidráulicos.

Hasta el momento la norma jurídica vigente en la materia era el Decreto Ley 164 (Reglamento de pesca), y debido a las implicaciones sociopolíticas de las regulaciones propuestas se decidió elevarla a un rango superior, y cumplir los compromisos internacionales en cuanto a una actividad responsable,  que garantice la conservación del  Medio Ambiente, la seguridad biológica y alimentaria.

Varios diputados apoyaron la norma jurídica por atemperar el marco regulatorio cubano a prácticas internacionales y al mismo tiempo dar espacio a demandas de comunidades pesqueras con las cuales se intercambió durante el proceso de consultas.

Señalaron el aporte de esta legislación a la seguridad alimentaria, el enmarcamiento en los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030 y la promoción del desarrollo local.

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